El Grupo Socialista del Parlamento de Andalucía ha solicitado la comparecencia de la consejera de Salud, Rocío Hernández, ante la comisión parlamentaria del ramo para que informe sobre los estudios en curso relacionados con la emisión e inhalación de gases tóxicos en la barriada Guadalquivir de Coria del Río. Esta petición llega después de que la Fiscalía de Sevilla haya alertado de un "peligro de daño sustancial" en las aguas superficiales y de un "daño constatado" en las aguas subterráneas, los suelos y la salud de los residentes, como consecuencia de la contaminación derivada de la fuga de hidrocarburos en la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L.
En un informe emitido en diciembre por la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado, se concluye que la contaminación ha provocado un "riesgo de daño sustancial para la salud de las personas", al detectarse compuestos orgánicos en los hogares de los vecinos que coinciden con los productos contaminantes hallados en suelos y aguas subterráneas. La Fiscalía de Sevilla ha solicitado al Juzgado número 3 de Coria del Río que cuantifique económicamente los daños medioambientales para determinar la responsabilidad civil, subrayando que la valoración penal ya ha sido realizada en informes previos.
En noviembre, la consejera de Salud afirmó en el Parlamento andaluz que no se había demostrado una "relación causal" entre la contaminación y las afecciones de los vecinos, argumentando que no se habían detectado patologías crónicas ni identificado con precisión los componentes químicos a los que habrían estado expuestos. Aseguró que la Junta había llevado a cabo un estudio epidemiológico, reforzado la atención sanitaria en la zona y mantenido reuniones con expertos, pero señaló que los resultados de las pruebas toxicológicas realizadas a 121 vecinos aún no eran accesibles debido a la judicialización del caso.
A la situación se suma un informe del Servicio de Calidad del Suelo de la Junta de Andalucía, fechado en agosto de 2024, que concluye que la documentación presentada por la empresa Zamarrilla Inversiones no acredita la descontaminación del área afectada. A pesar de que el proyecto de recuperación voluntaria ha finalizado, el informe advierte que "las elevadas concentraciones de contaminantes en las aguas no permiten la certificación de la descontaminación" y recomienda ampliar el proceso de recuperación del suelo.
Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictó una sentencia firme en febrero de 2024 en la que ordena al Ayuntamiento de Coria del Río que reactive la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados. El fallo confirma la existencia de contaminantes que han afectado a las viviendas de los vecinos, aunque no atiende la solicitud de realojo ni las indemnizaciones reclamadas por los afectados, quienes han decidido recurrir esta parte de la resolución.
