El Ayuntamiento de Coria del Río ha convocado un pleno extraordinario para el 20 de febrero, en respuesta a la solicitud de los grupos de la oposición, PSOE, PP y Vox, y a las demandas de los vecinos del barrio Guadalquivir. Esta cita tiene como objetivo abordar la grave situación de contaminación derivada de una fuga de hidrocarburos de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L., ubicada en la zona. La petición de la oposición busca establecer una serie de medidas para mitigar los efectos de la contaminación y garantizar la salud de los afectados.

Entre las medidas solicitadas por los partidos políticos se encuentra la creación de una comisión municipal de seguimiento del caso, que incluiría al alcalde, a los representantes de los partidos, a vecinos y al ingeniero técnico municipal. El objetivo es evaluar de manera periódica la evolución de la situación. Además, la oposición solicita que el Ayuntamiento financie estudios forenses para analizar las afecciones sanitarias causadas por la contaminación, así como la activación inmediata del Plan de Emergencias Municipal. Esta no es la primera vez que el tema se aborda en un pleno extraordinario, ya que en 2022 se celebró una sesión similar, en la que se rechazaron las propuestas presentadas por la oposición.

Rogelia Gómez, portavoz del colectivo de afectados, destacó la importancia de que el Gobierno local actúe con urgencia para resolver este grave problema. Gómez acusó al alcalde, Modesto González, de rechazar las numerosas peticiones de los afectados, a pesar de que los informes de la Fiscalía han confirmado el riesgo para la salud de los residentes del barrio. La preocupación de los vecinos ha ido en aumento, especialmente tras los últimos informes emitidos por la Fiscalía, que confirmaron el daño tanto al medio ambiente como a la salud pública debido a los vertidos de hidrocarburos desde los tanques subterráneos de la gasolinera.

En cuanto a los informes técnicos, la Fiscalía de Sevilla reveló que la contaminación ha generado un "riesgo sustancial para la salud de las personas", con la presencia de compuestos orgánicos en los domicilios de los vecinos, que coinciden con los productos contaminantes encontrados en los suelos y aguas subterráneas. La Fiscalía también subraya la existencia de un "daño constatado" en las aguas, suelos y la salud de los habitantes del barrio, instando al Juzgado de Coria a cuantificar los daños para determinar la responsabilidad civil. Sin embargo, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en su comparecencia en el Parlamento, indicó que no se ha acreditado una "relación causal" entre los problemas de salud de los vecinos y la contaminación.

Además, el caso está siendo investigado en el ámbito judicial, y recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictó una sentencia que obliga al Ayuntamiento de Coria a reactivar la declaración de los terrenos de la gasolinera como contaminados, basándose en un informe de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente que confirma la existencia de contaminantes. Sin embargo, la sentencia no contempla el plan de reubicación solicitado por los vecinos ni las indemnizaciones, lo que ha llevado al colectivo a recurrir la decisión. Mientras tanto, la Junta de Andalucía ha solicitado a la empresa responsable de la gasolinera que amplíe el proyecto de recuperación del suelo, dado que las altas concentraciones de contaminantes en las aguas no permiten certificar la descontaminación.