El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, ha reclamado la autorización inmediata para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, gestionada por la entidad Minera Los Frailes, ante los "retrasos injustificados" en su tramitación. Fernández subraya la importancia del proyecto para la economía local, afirmando que es "vital para evitar la emigración de los jóvenes y garantizar un futuro próspero para la zona". La iniciativa, con una inversión prevista de 316 millones de euros, contempla la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos y la creación de unos 2.000 empleos directos e indirectos.  

El alcalde ha insistido en que el proyecto ha superado exhaustivos controles administrativos y medioambientales, incluyendo requisitos adicionales que no estaban contemplados inicialmente. "Es inadmisible que, habiendo cumplido con todos los requisitos legales y medioambientales, sigamos enfrentando retrasos injustificados", ha denunciado, advirtiendo que la falta de avances podría derivar en movilizaciones ciudadanas para exigir la reapertura de la explotación minera.  

Mientras tanto, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha señalado las posturas enfrentadas entre quienes apoyan la reapertura por su impacto económico y quienes la rechazan por sus posibles efectos sobre el medio ambiente. Según los colectivos ecologistas, el proyecto implicaría el vertido de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados en el estuario del Guadalquivir, lo que podría afectar negativamente a la pesca y la agricultura de la zona.  

El antecedente de la catástrofe de 1998, cuando la fractura de la balsa de residuos del complejo minero provocó un desastre medioambiental sin precedentes, sigue generando preocupación. No obstante, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha defendido que la reapertura cumple con "los requisitos más extremos en tratamiento de residuos, agua y pasivos mineros", asegurando que la empresa ha destinado 100 millones de euros a medidas de sostenibilidad ambiental.  

Ante la controversia, el Defensor del Pueblo Andaluz ha instado a la Junta a evaluar si los riesgos ambientales han sido suficientemente estudiados o si es necesaria una nueva valoración. Además, ha propuesto la creación de una comisión de expertos técnicos y científicos, similar a la que se formó para el dragado del Guadalquivir, con el objetivo de determinar si se aplican los principios de precaución y cautela antes de dar luz verde a la reapertura.  

Asimismo, se ha planteado la posibilidad de solicitar un informe al Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana sobre los posibles impactos en el parque, así como un pronunciamiento de los organismos del Ministerio de Transición Ecológica sobre los efectos de los vertidos. Mientras tanto, el debate sobre la mina de Aznalcóllar sigue abierto, con opiniones encontradas sobre su impacto económico y ambiental.