El juez solicita un informe sobre el impacto de los pozos en la finca de la casa De Alba

Publicado: 26/02/2025
Luis Martínez de Irujo, investigado en la causa, sostiene que desconocía las irregularidades en la gestión del agua  
El Juzgado de Instrucción número uno de Sanlúcar la Mayor ha requerido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que analice el impacto ambiental de las extracciones de agua realizadas en los nueve pozos presuntamente ilegales de la finca Aljóbar, situada en Aznalcázar. La investigación se centra en determinar si estas captaciones han causado daños significativos al medio ambiente.  

En una providencia fechada el 21 de febrero, el juzgado solicita a la CHG información sobre el estado del acuífero afectado, el balance hídrico, la tendencia piezométrica y el impacto en los ecosistemas asociados, además de la posible cuantificación económica del daño ambiental. La investigación se enmarca en la causa en la que figura como investigado Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, representante legal de la empresa Eurotecnia Agraria, gestora de la finca.  

Durante su reciente comparecencia ante el juez, Martínez de Irujo habría declarado que heredó la finca en 2016 y que desconocía la existencia de incidencias con los pozos. Según su versión, solo fue consciente de la situación tras la denuncia presentada por la CHG en 2023, momento en el que se inició el proceso de regularización de los mismos.  

El auto dictado por el juzgado el 31 de enero ordenó la investigación de Martínez de Irujo, el precinto de los pozos y la retirada de los equipos de extracción. Además, advirtió de posibles consecuencias legales en caso de desobediencia a la orden judicial, al considerar que las captaciones ilegales podrían haber causado un daño ambiental significativo.  

Por su parte, la empresa Eurotecnia Agraria ha negado las acusaciones y ha afirmado que la extracción de agua nunca superó los límites autorizados por la CHG. También ha desvinculado a Eugenia Martínez de Irujo de la gestión de la finca, asegurando que la responsabilidad recae en Luis Martínez de Irujo.  

El juzgado investiga la posible afección al medio ambiente y al Parque Nacional de Doñana, señalando que la sobreexplotación del acuífero podría tener consecuencias como la disminución del nivel freático, la alteración de la calidad del agua y la afectación a la fauna protegida del entorno.

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