El Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla ha ordenado el sobreseimiento provisional de la causa abierta por la gestión de la moneda social "Ossetana" en San Juan de Aznalfarache. La investigación se inició tras las denuncias de Vox y el PP contra el Ayuntamiento, entonces gobernado por el PSOE, y la Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía, entidad encargada de la administración del proyecto.
En un auto fechado el 26 de febrero, el juzgado ha determinado que
no existen indicios de delito en la actuación de los investigados, descartando irregularidades que puedan ser consideradas infracción penal. Además, el auto señala que las posibles deficiencias jurídicas en la tramitación del convenio no implican la inobservancia de los procedimientos legales.
Tras analizar el caso, el juzgado señala que finalmente,
no aprecia "irregularidades o actuaciones irregulares respecto de los denunciados, que puedan encuadrarse como constitutivas de infracción penal", pesando "la declaración de la Secretaria General del Ayuntamiento desde 2019, Miriam Cornejo, cuando afirmó que su actuación era una advertencia hacia el futuro, pero que hasta el momento la subvenciones eran conforme a derecho, afirmando igualmente por otros declarantes, fundamentalmente por Juan Alfredo Guzmán, interventor desde Diciembre de 2018 a Junio de 2020 en el Ayuntamiento, que la subvención cumplía los requisitos básicos para su validez, aunque su regulación fuera mejorable".
"Las posibles deficiencias jurídicas que podía tener su tramitación o ejecución, como se ha afirmado por el interventor y por la secretaria, no suponen inobservancia de los tramites del procedimiento e igualmente ha quedado acreditado que se trataba de una subvención normativa, y que por tanto, como se ha afirmado por los técnicos denunciados y testigos del procedimiento, no estaba sujeta a los principios de concurrencia e igualdad, y que respecto a lo que ya se ha indicado de la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz, pueda encontrarse con una mera irregularidad respecto de que pueda ser al mismo tiempo colaboradora y beneficiaria, pero esa irregularidad no afectaba para nada a los intereses generales del Ayuntamiento y de la población", explica el juzgado a la hora de archivar la causa.
Después de investigar numerosos ediles del PSOE
Ello, después de que en 2023, dicha instancia judicial acordase investigar al entonces edil de Planificación urbana, Infraestructuras, Recursos Humanos, Hacienda y Estadística, Fernando Pozo; junto con los ya exediles Francisco Amadeo Martínez y Alicia del Carmen Ruiz Madolell; la entonces concejala de Régimen Interior, Economía y Desarrollo Local y Turismo, María José Quesada; y la ex edil María Rocío León, todos ellos del PSOE.
Igualmente, resolvió investigar al también excapitular socialista Francisco Javier Ortega y la entonces responsable municipal de Bienestar Social, LGTBI y Diversidad, Políticas de Mayores e Integración, Salud y Consumo, Inmaculada Serrano Bartolessi; así como al entonces concejal de Educación, Infancia y Voluntariado, Manuel Ramos; a la que fuera delegada municipal de Relaciones Institucionales, Presidencia, Formación e Igualdad, Natividad Martín García; y a Claudio Manuel López como otrora responsable socialista de Deportes, Transición Energética y Medio Ambiente.
Fueron además investigados José Alonso Garrido Pérez, otrora edil de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad y ahora edil no adscrito; María Francisca Aparicio Cervantes, entonces concejala de Cultura, Fiestas Mayores, Participación Ciudadana y Protocolo; y un representante de la Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía; sumándose todos ellos al que fuese alcalde socialista Fernando Zamora, investigado tiempo antes.
Informe de la Guardia Civil
Para ello, según el juzgado, se les había hecho entrega del correspondiente informe de la Guardia Civil, un informe que según los partidos denunciantes confirmaba que se trata de un caso de "corrupción" y según los socialistas, descarta que medie malversación de caudales públicos.
"No queda acreditado la existencia de delito de prevaricación administrativa, ni malversación de caudales públicos", resume finalmente el juzgado tras haber analizado el asunto.
