El decreto de vivienda recién entrado en vigor por parte de la Junta de la Junta de Andalucía recrudece el debate en Cádiz. Por un lado, en una publicación en redes sociales, la concejal del PSOE de Cádiz Natalia Álvarez advierte de que la Administración autonómica autoriza con carácter general una subida de los precios máximos de las VPO públicas y privadas.
Álvarez apunta que, en el caso de la capital gaditana, se puede dar la circunstancia de que puede ocurrir que te llamen del registro de demandantes municipal pero e ofrezcan un piso de 261.000 euros, con una entrada de 70.000 euros y un crédito hipotecario del 80%. “Quiénes de los más de 6.000 demandantes” gaditanos “puede acceder a una vivivienda en esas condiciones económica, se pregunta. Al respecto, alerta de que el PP ha dispuesto que pueda acceder a una VPO las personas que ingresan hasta sietes veces el IPREM, es decir, que cobran al mes “unos 4.000 euros”, y además permite la venta a los siete años. Así, concluye, que los populares “van a construir” inmuebles, pero “estos no van a ser accesibles para los que más lo necesitan”.
Los socialistas, sin embargo, consideran que el Ayuntamiento de Cádiz debe aprovechar el mismo decreto en lo relativo a la potestad que concede la Junta de Andalucía a las entidades locales para prohibir la concesión de licencias para pisos turísticos, y pide, por medio de una moción que de debatirá en el Pleno de marzo, que lo haga de inmediato en toda la ciudad. Cabe recordar que el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, también del PP, ha sido el primero en anunciar que llevará a cabo esta medida en su localidad. Cuestionado sobre ello, Bruno García indicó que la situación en Cádiz es diferente, aunque adelantó que pondrá en marcha medidas más restrictivas para las viviendas turísticas.
