El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache ha aprobado este jueves en su pleno ordinario de marzo la decisión de presentar un recurso contencioso-administrativo contra la Junta de Andalucía. Con la única abstención de Vox, se ha ratificado la resolución de Alcaldía que impugna la orden de la Consejería de Fomento, dictada el 27 de diciembre de 2024, por la que se reclama al Consistorio el pago de 4,3 millones de euros en virtud del convenio firmado en 2002 para la construcción y puesta en servicio de la línea 1 del metro, que cuenta con dos paradas en la localidad.
En concreto, en el orden del día del pleno figuraba la ratificación de una resolución de la alcaldesa sobre un "recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento contra la orden de 27 de diciembre de 2024 dictada por la Consejería" de Fomento e Infraestructuras de la Junta de Andalucía, por la que se gira en periodo voluntario una deuda de 4.319.719,52 euros "dimanante del convenio de colaboración entre la Junta y este Ayuntamiento para la construcción y la puesta en servicio de la línea uno" del metro, inaugurada en abril de 2009.
Ello, después de que la Junta de Andalucía reclamase más de 172 millones de euros a los cuatro municipios abarcados por la línea uno del metro, que son Sevilla, Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache; por la deuda derivada de la explotación del suburbano hispalense, --gestionado por una sociedad encabezada por la corporación privada Globalvía y de manera minoritaria por la Junta como adjudicataria del servicio y responsable última del mismo--; en materia de financiación de la subvención pública el precio del billete para compensar la diferencia entre el precio del mismo y el coste técnico real del servicio.
El concejal de Urbanismo, el popular Carlos Leo, ha explicado en el pleno que si bien en efecto los ayuntamientos de los cuatro municipios abarcados por la línea uno del metro firmaron dicho convenio con el compromiso de asumir parte del citado coste de la subvención pública al billete, en la práctica "ninguno" de los consistorios ha pagado el importe, sobre todo porque la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, promovida en 2013 por el entonces Gobierno central del popular Mariano Rajoy, impide a los municipios pagar "gastos de competencias que no les son propias", en este caso el transporte metropolitano.
El edil ha anunciado que además de acudir "directamente" a un litigio Contencioso Administrativo, "como ha hecho el Ayuntamiento de Sevilla", el Consistorio de San Juan reclamará "más adelante la anulación" del citado convenio de 2002 merced a la mencionada ley de 2013; apoyando el socialista Fernando Zamora esta postura, porque hay sentencias previas favorables y porque el citado convenio de 2002 resulta ya "anacrónico y en algunos aspectos leonino", según ha dicho.
