La Sección Primera de la Audiencia de Granada acoge el próximo martes 25 de marzo el juicio contra un hombre y sus tres hijos por un supuesto fraude en la declaración de la renta de 2015 en relación con unas fincas rústicas que se repartieron tras el fallecimiento de la esposa del primero y madre de los vástagos.
La Fiscalía ha pedido cuatro años de cárcel para el padre por la comisión de un delito contra la hacienda pública y tres años de prisión para los hijos como presuntos autores del mismo delito.
Según consta en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los cuatro procesados constituyeron en 2015 una sociedad limitada con un capital social de 6,3 millones de euros, que "quedó íntegramente desembolsado por los socios fundadores mediante la aportación de una serie de bienes inmuebles de los que ellos mismos eran titulares".
Se trataba de cinco fincas rústicas registradas en Armilla que "habían sido adquiridos tiempo atrás por el matrimonio" para la sociedad de gananciales que quedó disuelta y repartida entre los familiares tras la muerte de ella en 2010.
"Fruto y consecuencia de la aportación de los bienes inmuebles" a la nueva sociedad, el principal acusado "obtuvo una ganancia patrimonial total (por los cinco inmuebles) de 2.723.728 euros", según los datos que expone la Fiscalía, que detalla que los tres hijos habrían ganado por su parte 960.764 euros con la operación.
La cuota defraudada a Hacienda por el padre en la autoliquidación del IRPF de 2015 habría sido de 638.956 euros ya que, según la Fiscalía, "el acusado, consciente y deliberadamente, y con ánimo de defraudar a las arcas del Estado, no declaró todos sus bienes, eludiendo así el cumplimiento de sus obligaciones tributarias".
En concreto, según el fiscal, no habría declarado "la aportación no dineraria llevada a cabo para la constitución de la sociedad". En el mismo sentido sus hijos habrían defraudado presuntamente cantidades por 223.038, 224.659 y 221.138 euros.
Por todo ello, además de las penas de cárcel a las que se enfrentan todos en virtud de las conclusiones del Ministerio Público, habrán de enfrentar la petición de pago de multas que, en el caso del padre, asciende a 1,9 millones de euros, junto con el de la indemnización a Hacienda que habría de hacer para compensar lo supuestamente defraudado, es decir, 638.956 euros.
Los hijos, además de las cantidades que habrían de ingresar como indemnización a Hacienda por lo supuestamente defraudado, habrían de afrontar el pago de multas de 446.076, 449.319 y 442.277 euros, según detalla el escrito de acusación de la Fiscalía.
