La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha suspendido la sesión del macrojuicio sobre la adjudicación de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, prevista inicialmente para el 31 de marzo. La decisión, tomada por motivos médicos que afectan a un miembro del tribunal, implica que la vista oral se reanudará el martes 1 de abril.
Este proceso judicial investiga presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude en la concesión del yacimiento minero de Los Frailes a la agrupación empresarial México-Minorbis. En las sesiones iniciales, celebradas los días 2 y 3 de marzo, las defensas de los 16 acusados solicitaron la nulidad del procedimiento alegando vulneración de derechos fundamentales y una supuesta extralimitación de competencias por parte de la Sección Séptima de la Audiencia.
Los letrados han denunciado que la Sección Séptima revocó en dos ocasiones el sobreseimiento de la causa dictado por la jueza instructora Patricia Fernández Franco, del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla. En ambas ocasiones, dicha sección, en la que figura la magistrada Mercedes Alaya, ordenó la reapertura del caso tras los recursos presentados por las acusaciones particulares.
La Fiscalía, que no acusa en este proceso, ha defendido la actuación de la jueza instructora, asegurando que cumplió "escrupulosamente" con las diligencias de investigación y que la Sección Séptima aplicó un "nuevo razonamiento" para mantener viva la causa. Según la fiscal del caso, la instructora se vio "abocada" a dictar un auto de procedimiento abreviado tras la segunda revocación del sobreseimiento.
En cuanto a la situación de los acusados, la fiscal ha negado que se produjera vulneración de derechos durante las detenciones, argumentando que "fueron puestos en libertad en cuanto declararon". También ha rechazado las alegaciones de las defensas sobre la falta de legitimación de Emerita-Forbes Manhattan para ejercer la acusación particular, un punto clave en la continuidad del proceso, ya que la Fiscalía no ha formulado acusación.
El origen de la causa se remonta a la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, que fue cerrada tras el desastre medioambiental de 1998. En el concurso internacional organizado por la Junta de Andalucía, la oferta de México-Minorbis, participada por la empresa andaluza Magtel, se impuso a la de Emerita-Forbes Manhattan, que denunció presuntas irregularidades en el procedimiento.
Entre los acusados se encuentran los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, directivos de Magtel; el exsecretario general de la Consejería de Innovación Vicente Cecilio Fernández Guerrero; la exdirectora general de Minas de la Junta, María José Asensio Coto, y varios funcionarios autonómicos. Las sesiones del juicio seguirán desarrollándose en abril, con comparecencias previstas los días 1, 2 y 7 de abril.
Este macrojuicio, que ha generado una gran expectación, se centra en determinar si la adjudicación del yacimiento minero estuvo marcada por decisiones ilícitas que favorecieron a Minorbis en perjuicio de Emerita. Mientras las defensas insisten en la falta de indicios de delito, las acusaciones particulares sostienen que la adjudicación estuvo plagada de irregularidades que deben ser esclarecidas en sede judicial.
