Dos de los técnicos de la mesa de contratación en el concurso por los derechos de explotación de Aznalcóllar, del yacimiento minero de Los Frailes, han rechazado ante la Audiencia de Sevilla, que juzga presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude, que existiesen indicaciones ajenas o indicios de amaño, coincidiendo en que la oferta de Grupo-México Minorbis era mejor que la que presentó Emerita, denunciante en el caso.
Así, José Marcos A. P, interventor de la Junta de Andalucía y miembro de la mesa de contratación, ha negado insistentemente que recibiese cualquier "indicación" externa para el resultado del procedimiento y ha asegurado que no tuvo nunca sensación de que mediase un amaño.
Según ha declarado el acusado en más de una ocasión, a preguntas de la fiscal y de su defensa, que como miembro de la mesa de contratación, no recibió ninguna "indicación" previa o ajena a dicho órgano para el resultado del proceso se evaluación de las ofertas que concurrían, que eran las de Minorbis con el apoyo de solvencia de Grupo México y la de Emerita, que tras no ganar el concurso denunció el asunto por la vía Penal, asegurando que su propuesta era superior.
Ha negado que él tuviese cualquier relación previa con las empresas que pujaban ni con las personas que las representaban, negando igualmente que se reuniese con alguien vinculado a Minorbis o Emerita; insistiendo en que no recibió "indicación" ninguna sobre cómo debía concluir el procedimiento de evaluación y selección y que nunca apreció ningún indicio de "amaño" en el resto de miembros del órgano.
La propuesta de adjudicación en favor de Minorbis, según ha aseverado, deriva de que fue "la mejor oferta", exponiendo que aunque entonces "no era lo más común" que Minorbis aportase como solvencia económica el apoyo de Grupo México, "hoy en día sí" es habitual, además de que la fórmula "encaja perfectamente en el concepto de operador económico" de las directivas europeas. Eso sí, ha precisado que "siempre estuvo claro" que quien pujaba era Minorbis.
Por su parte, Pastora S. C, letrada de la Junta de Andalucía y vocal de la mesa de contratación, ha negado insistentemente cualquier "interferencia, influencia o sugerencia" externa en su labor y ha defendido que la oferta elegida era "la más ventajosa" porque el económico no era el único criterio, sino que había 15.
En ese sentido, la acusada ha reconocido que la inversión comprometida por Emerita era de más de 600 millones de euros frente a los 300 de la propuesta de Minorbis, base de su recurso ante la vía penal, pero ha precisado que los baremos del concurso giraban en torno a "15 criterios" de los que "sólo cuatro" eran de índole económica. "No había un criterio único", ha dicho.
Los aspectos de ámbito ambiental, según ha argumentado, tenían un peso "altísimo" en el baremo, dada la catástrofe de Boliden. "Cualquier andaluz sabe lo que ha sido esta mina", ha dicho esta acusada.
Así, la acusada ha defendido que en la suma de los parámetros, la propuesta de Minorbis contaba "con la mayor puntuación" global, con lo que la mesa de contratación la escogió como "la más ventajosa".
