La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han detenido a dos varones de 29 y 30 años de edad tras la intervención de 1.800 kilos de hachís en Motril (Granada), como presuntos autores de un delito contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y otro delito de falsedad documental.
Además, han puesto también a disposición judicial a una mujer de 31 años de edad como presunta autora del delito de falsedad documental, según ha detallado la Agencia Tributaria este sábado en un comunicado.
A principios de febrero de 2024, agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Granada fueron alertados por la presencia de una embarcación sospechosa en las costas granadinas.
Al aproximarse a la zona, localizaron la citada embarcación con cuatro personas a bordo y observaron a otras cuatro más en tierra firme que descargaban lo que parecían fardos de hachís. Al acercarse al lugar, los agentes del Servicio Marítimo lograron interceptar la embarcación, pero las ocho personas lograron huir, aunque dejaron atrás tanto los fardos como la furgoneta en la que iban a transportarlos.
En total se interceptaron más de 1.800 kilos de hachís que tendrían una valoración estimada superior a los 3,7 millones de euros.
Agentes de Vigilancia de la Aduanera de la Agencia Tributaria en Motril, junto con agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Almuñécar (Granada) se hicieron cargo de la investigación para tratar de localizar a las personas huidas.
Tras un "análisis exhaustivo" del lugar donde los ahora detenidos abandonaron el alijo, localizaron las primeras evidencias que les pusieron tras la pista de los autores.
Finalmente, tras la investigación por parte de los agentes de policía judicial, se consiguió identificar y detener a los dos hombres como presuntos autores de sendos delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y falsedad documental, así como un delito de usurpación de estado civil, ya que se utilizó la identidad de otra persona para alquilar la furgoneta.
Igualmente, se identificó y se puso a disposición judicial a una mujer como presunta autora de un delito de falsedad documental, ya que fue quien realizó el contrato de arrendamiento de la furgoneta interceptada sabiendo que la persona que firmaba dicho contrato no era quien figuraba en el mismo, según se detalla en la nota de la Agencia Tributaria.
