El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha declarado este lunes que le "preocupa muchísimo" que se esté cuestionando la legitimidad del TC desde la política y desde el Tribunal Supremo (TS), lamentando que se amenace a sus magistrados incluso por la "vía penal", al tiempo que ha advertido de que atacar a la corte de garantías es atacar también a la Constitución.
"Me preocupa muchísimo, porque cuestionar al TC es cuestionar a la Constitución. Cuestionar la legitimidad para poder dictar sentencias que sometan a los poderes públicos es de alguna manera cuestionar también el sistema democrático. Por lo tanto, me preocupo", ha dicho, en el marco de un desayuno informativo celebrado en el Ateneo de Madrid.
Conde-Pumpido ha contestado así al ser preguntado sobre si "le preocupa que se esté cuestionando la legitimidad del TC desde ámbitos políticos o incluso desde el Tribunal Supremo", al hilo de asuntos polémicos como la ley de amnistía o las sentencias del 'caso ERE'.
El magistrado ha aclarado que "la crítica es bien recibida, sobre todo la crítica jurídica", porque "evidentemente las sentencias están sometidas a la crítica" pública. Sin embargo, a su juicio se ha excedido ya del mero ámbito de la discrepancia, hasta el punto de que los miembros del TC se ven "amenazados" por "la vía penal" porque "tenemos un sistema en el que cualquier organización extremista puede presentar querellas" y "las presentan constantemente".
En este punto, no obstante, ha elogiado la labor del TS, por cuanto "en sus últimas resoluciones ha dicho con toda claridad que el delito de prevaricación no puede ser usado contra los magistrados del TC". Y ello, ha explicado, por "tres razones": que ningún tribunal inferior puede revisar las decisiones del TC; porque los magistrados del TC no pueden ser "perseguidos" por lo que digan en sus resoluciones; y porque "el Código Penal regula el delito de prevaricación contra la administración de justicia" y el TC no forma parte de la misma.
Conde-Pumpido ha considerado que la labor del TC como "juez o árbitro" de los conflictos legales e institucionales, y como garante de los derechos fundamentales, "a veces es una labor incomprendida". "En ocasiones tenemos que enfrentarnos, para defender la Constitución, a fuerzas o corrientes de opinión muy poderosas porque representan un poder político, mediático, económico o de otra índole", ha indicado.
El presidente del TC ha señalado que muchas veces "tienen interés en mantener una determinada norma que el TC ha declarado inconstitucional o tienen interés en declarar inconstitucional una norma que afecta a sus intereses pero que se ha aprobado democráticamente". También ha afeado que "en ocasiones los mismos poderes del Estado que le han elegido se revuelven contra sus decisiones".
Frente a ello, ha recordado que "el TC está solo" porque, "a diferencia de otros tribunales", "no tiene quien le defienda". Con todo, ha hecho hincapié en que "ya ni siquiera el legislador, ni tampoco el Gobierno, ni el TS ejercen un poder que solo responde ante Dios y la Historia", sino que "todos los poderes públicos responden hoy ante el TC" y, por tanto, "deben actuar sometidos a la ley y al Derecho y, sobre todo, a la Ley de Leyes".
Para Conde-Pumpido, "esto solo puede superarse con respeto institucional", un respeto que ha confesado que echan de menos en el TC. Y es que "descalificar al TC es descalificar a la Constitución", ha subrayado.
DEFIENDE QUE HAYA MAGISTRADOS CON TRAYECTORIA POLÍTICA
Conde-Pumpido también ha realizado una firme defensa de los 12 magistrados que forman el TC. En primer lugar, ha recordado que son elegidos "libremente" por "los tres poderes del Estado" para "actuar como árbitro de los conflictos", otorgándoles con ello el "inmenso poder" de anular "leyes aprobadas democráticamente".
En segundo lugar, ha reivindicado que tengan distintas procedencias. Sobre esto, ha destacado que en otros tribunales constitucionales de Europa es habitual que haya magistrados con "una experiencia política" y, en su opinión, "eso no politiza en absoluto el tribunal", sino que "lo mejora". "Yo creo que es positivo", ha recalcado.
Se ha detenido para defender su propio nombramiento, primero como magistrado del TC, en 2017 y "por consenso", porque "se entendía que era necesario un penalista en ese momento", una decisión que ha enfatizado que "no tiene relación alguna con el Gobierno actual ni con la situación política actual". En la misma línea, ha defendido su posterior nombramiento como presidente del TC, en 2023, por parte de sus compañeros con "amplia libertad" y sin "injerencia gubernamental alguna" ni de otro poder.
Así las cosas, ha manifestado que las críticas se deben en parte a que "hay cierto desconocimiento de lo que es el TC", cuya imparcialidad ha dicho que "está absolutamente garantizada" pese a las "posiciones discrepantes" de sus propios magistrados, que ha achacado a que "el Derecho no es una ciencia exacta" y que precisamente se busca con sus nombramientos que "todas las opiniones estén representadas".
En este contexto, ha lamentado que, a pesar de que considera que el desempeño del TC está siendo positivo, "puede quedar empañado si desde el exterior el propio grado de polarización que existe en la sociedad española se traslada" a la corte de garantías.
