La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha seguido este lunes el juicio por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude en la adjudicación de la explotación de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis; declarando entre otros un jefe de servicio de contratación acusado en la causa, que ha negado que mediase un "plan preconcebido" para que la adjudicación se saldase con el citado resultado.

Durante esta nueva sesión del juicio, el funcionario de la Junta de Andalucía Julio R.Z., jefe de servicio a la fecha de los hechos, ha declarado como acusado defendiendo sus "39 años" de experiencia en materia de contratación pública "desde todos los puntos de vista"; desgranando de manera prolija las no pocas responsabilidades afrontadas en su trayectoria profesional, como el puesto de "coordinador" durante 16 años, su participación en "múltiples órganos colegiados" de contratación o su papel en una visita a España de una delegación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para protocolos contra la corrupción en transacciones comerciales.

Este funcionario, vocal de la mesa de contratación constituida por la Junta para el concurso destinado a adjudicar los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar; ha negado al igual que el resto de funcionarios inculpados en la causa que recibiese indicaciones previas o directrices sobre el resultado del proceso se evaluación de las ofertas que concurrían; que eran las de Minorbis con el apoyo de solvencia de Grupo México y la de Emerita, que tras no ganar el concurso denunció el asunto por la vía Penal, asegurando que su propuesta era superior en lo económico.

EN LA MESA DE CONTRATACIÓN "POR AZAR"

"Lo habría denunciado inmediatamente", ha dicho sobre dicho planteamiento; negando igualmente que hubiese "un plan preconcebido" porque él fue designado "por azar" como vocal de la mesa de contratación, lo supo sólo unos días antes, "no" conocía a nadie de las empresas que pujaban ni del sector de la minería ni participó en la elaboración de las bases del concurso.

Es más, ha asegurado que cuando fue constituida la mesa de contratación, los miembros de la misma no se conocían entre sí, con lo que ha negado cualquier "tráfico de influencias en cadena" para favorecer a Minorbis, cuyos responsables, Mario e Isidro López Magdaleno como dueños de Magtel, declaran también este lunes.

"Todo es mentira", ha aseverado con relación al escrito de acusación de Emerita, que a su juicio contiene incluso "insultos"; avisando además que no sólo es que él no cosechase beneficio alguno por participar en la mesa de contratación, sino que fue rebajado de puesto y de salario cuando la investigación fue reabierta por segunda vez.

Del mismo modo, y sobre la tesis de Emerita de que su oferta era económicamente superior a la Minorbis, ha defendido que la "mejor oferta" fue seleccionada respecto a "todos los criterios que había, que eran un montón" más allá del puramente económico.

APLAZAN LAS DECLARACIONES DE LOS DUEÑOS DE MAGTEL

Por otro lado, la Sección Tercera ha aplazado finalmente a este martes que viene a las 9,30 horas, la comparecencia que había prevista este lunes de los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, responsables del grupo Magtel, como acusados en el juicio por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude en la adjudicación de la explotación de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis; empresa esta última perteneciente a Magtel.

Y es que en un marco en el que los responsables de Magtel figuraban en el cuarto y quinto puesto de la tanda de cinco comparecencias prevista para este lunes en el calendario de sesiones; la declaración del primer inculpado de la jornada, el jefe de servicio de Contratación de la Junta de Andalucía Julio R.Z., se ha prolongado finalmente unas dos horas.

Como consecuencia de ello, la comparecencia del primero de los Hermanos López Magdaleno, en este caso Mario, iba a comenzar con el reloj ya aproximándose a las 14,00 horas; ante lo cual vistas las previsiones con relación a la duración de la comparecencia del inculpado Mario López Magdaleno, las partes del procedimiento han acordado aplazar a este martes a las 9,30 horas el comienzo de las declaraciones de estos empresarios.

PRIMERA SESIONES DEL JUICIO

En las primeras sesiones del juicio, centradas en las cuestiones previas, las defensas de los 16 acusados reclamaron la nulidad del procedimiento por "vulneración de derechos fundamentales de libertad, defensa e intimidad" y una supuesta "extralimitación de las competencias" de la Sección Séptima de la Audiencia, a la hora de resolver los recursos de apelación planteados en la fase de instrucción, mediante un tribunal participado por la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y las ayudas arbitrarias a empresas con cargo a los fondos de la Junta de Andalucía.

Recordemos al respecto que merced a las peticiones de la Fiscalía, la jueza instructora de la denuncia inicial de Emerita-Forbes Manhattan, la magistrada Patricia Fernández Franco, acordó hasta dos veces el sobreseimiento de la investigación al no apreciar delito, si bien tras los recursos de apelación de las acusaciones particulares contra tales decisiones de archivo, en ambos casos la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya; accedió a las tesis de las acusaciones ordenando la reapertura de las diligencias.

EL "EXCESO COMPETENCIAL" DE LA AUDIENCIA

Según los letrados de las defensas, en el caso pesaría un "exceso competencial" de la Sección Séptima de la Audiencia a la hora de ordenar dos veces la reapertura de la causa.

Pero la Sección Tercera de la Audiencia rechaza en su último auto que la Sección Séptima incurriese en una "extralimitación de funciones", avisando de que "las defensas niegan la posibilidad del tribunal de apelación de revocar la decisión de la instructora de sobreseer la causa y hacer una valoración de la prueba sobre culpabilidad, decidir la práctica de nuevas diligencias de prueba y ampliar el ámbito de enjuiciamiento tanto de hechos como de investigados".

Al respecto, la Sección Tercera de la Audiencia explica que "la posibilidad de modificar por parte del tribunal de alzada la decisión del juez de instancia sobre la conclusión de la instrucción y acordar nuevas pruebas ha sido aceptada de forma generalizada por la jurisprudencia menor y es que, no solo no existe precepto alguno que lo impida, sino que por el contrario es obligado el pronunciamiento sobre las pretensiones que en tal sentido se interesen por las partes".

Además, la Sección Tercera de la Audiencia esgrime "distintas sentencias del TC y TS que aluden a resoluciones de las audiencias provinciales sobre la modificación de la valoración efectuada por el instructor, entre ellas en relación a la resolución adoptada tras la conclusión de la investigación o para la admisión y práctica de nuevas diligencias de prueba, en las que no se cuestiona la validez de dichas resoluciones ni se acuerda su anulación, sino que sólo se valora la posible vulneración o no del derecho del demandante a un juez imparcial"; con lo que rechaza dichja cuestión previa.

El tribunal, en ese sentido, desestima la mayoría de las cuestiones previas planteadas por las partes, pero acuerda excluir el enjuiciamiento por delito de administración desleal y pospone para el momento de emisión de la sentencia las relativas a la legislación aplicable al presunto delito de malversación.

La causa penal deriva de la impugnación de la resolución del concurso internacional promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada después del conocido desastre medioambiental de 1998, cuando era explotada por la sociedad Boliden-Apirsa (Andaluza de Piritas S.A.).

A LOS TRIBUNALES

Al citado concurso concurrieron la agrupación empresarial México Minorbis, participada por la andaluza Magtel, y Emerita-Forbes Manhattan, siendo adjudicados los derechos de explotación al grupo México Minorbis por decisión de la mesa de contratación.

Tras ser resuelto el concurso, Emerita elevó a los juzgados una denuncia acusando a la Administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude, alegando entre otros aspectos que su oferta económica superaba ampliamente a la de Minorbis, adjudicataria final de los derechos de explotación.

Entre los acusados del juicio figuran los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto y diferentes funcionarios de la Junta.