El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, ha reclamado nuevamente a la Junta de Andalucía que conceda “con urgencia” la autorización definitiva para reabrir la mina del municipio, gestionada por la sociedad Minera Los Frailes, integrada por Grupo México y Minorbis. Esta última fue adjudicataria de los derechos de explotación en un concurso público que actualmente está siendo juzgado en la Audiencia Provincial de Sevilla.
En paralelo, el regidor ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir un informe técnico tras observarse una “coloración anómala” en el contraembalse del río Agrio, un fenómeno que, según ha explicado, “no es nuevo ni alarmante”. Fernández ha indicado que estos cambios en el color del agua han sido habituales en la zona desde hace décadas, mucho antes de la existencia de embalses o instalaciones mineras.
Según ha afirmado el alcalde, “este contraembalse ha sido durante más de 20 años fuente de abastecimiento de agua para consumo humano, sin que jamás se haya detectado riesgo alguno para la salud”. En su opinión, el verdadero problema sería no intervenir, señalando que la “única solución real pasa por la ejecución del proyecto de restauración” de la mina, que incluye medidas como sellar escombreras, vaciar la corta y poner en marcha una planta de tratamiento ambientalmente avanzada.
Fernández ha defendido que la empresa promotora ya ha presentado “todas las garantías legales y técnicas” y ha depositado más de 60 millones de euros en avales. Asegura que se han cumplido todos los requisitos exigidos por la administración, por lo que exige a la Junta la autorización final. Actualmente, el proyecto cuenta con la Autorización Ambiental Unificada, pero sigue pendiente de la declaración de impacto ambiental y de los permisos mineros definitivos.
Mientras tanto, continúa el juicio sobre el proceso de adjudicación de la mina, en el que se investigan delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude. La denuncia fue interpuesta por la empresa Emerita España, que alegó haber presentado una oferta económicamente superior a la de Minorbis. La investigación ha sido archivada y reabierta en dos ocasiones por la Audiencia de Sevilla, a instancias de recursos promovidos por las acusaciones particulares.
El proyecto contempla una inversión de 316 millones de euros y la creación de unos 2.000 empleos directos e indirectos durante al menos 17 años de explotación. No obstante, colectivos ecologistas advierten de que la reapertura implicaría el vertido de más de 85.000 millones de litros de aguas contaminadas al estuario del Guadalquivir, afectando a una Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000, lo que mantiene abierto el debate ambiental en torno a esta polémica iniciativa.
