La psicosis del robo lleva al Gobierno al blindaje de la actividad económica

La sesión plenaria correspondiente al mes de septiembre tuvo un marcado carácter económico. No en vano de los 18 puntos incluidos en el apartado resolutivo del orden del día, 14 tenían una motivación financiera.

Tras darse cuenta a los distintos grupos de los informes semestrales de cumplimiento del Plan de Reequilibrio, y de evolución del Presupuesto de 2010 prorrogado a 2011, se abordó la aprobación del nuevo Reglamento de Contabilidad y Fiscalización. Con el mismo “se refuerza la reorganización del Área de Hacienda, aumentando la transparencia y la información económica municipal con el objetivo de perfeccionar la gestión y el control de los recursos públicos de este Ayuntamiento”, argumentó el delegado de Hacienda, Manuel Raposo.

Asimismo los ediles abordaron la modificación en la estructura del Área de Hacienda y Control Presupuestario mediante la creación de la Oficina de Control Presupuestario. El nuevo organigrama de esta área está integrado, tras su reforma, por un Jefe de Servicio y dos auxiliares administrativos. En cuanto al Servicio de Intervención se estructura en la figura de Interventor, Vice Interventor -pendiente de su creación- dos administrativos, un auxiliar jefe de grupo y cuatro auxiliares administrativos. Todo ello generará “un mayor control y capacidad de respuesta, acelerando los plazos que marca la Ley de Morosidad”.

Ordenanzas Fiscales
De la misma forma se aprobaron las Ordenanzas Fiscales para 2012 cuya principal novedad, además de la congelación de todos los tributos a excepción de la que marca el precio del agua -debido al cumplimiento de la Ley de Aguas de la Junta de Andalucía-, y la eliminación de la tasa por apertura de establecimientos.

El servicio de taxis, igualmente, cuenta ya las nuevas tarifas para el próximo año. La revisión de las mismas se ha llevado a efecto conforme al IPC, siendo en este caso del 3 por ciento.

El punto 64 se abordó una modificación presupuestaria de 1.390.000 provenientes de un sobrante de la participación del Ayuntamiento en los tributos de la Comunidad Autónoma, de los que un millón de euros se destinará al pago de gastos sin consignación, “una deuda que nada tiene que ver con este equipo de gobierno -apuntó Raposo- ni con el del mandato anterior. Las facturas a las que hacemos frente provienen de un periodo de nueve años, de 1991 a 1999. En consecuencia queda más que acreditado el alto grado de responsabilidad y espíritu de ayuda y compromiso de este ejecutivo con las empresas que han prestado servicios al Ayuntamiento isleño”.

Los asuntos económicos del Pleno concluyeron con la aprobación, con el voto contrario del PSOE y la abstención de IU y CxSF, de las cuentas generales de 2009 y 2010.

Como no podía ser de otra manera, y tratándose de cuestiones económicas, el trasfondo del robo de los 7,8 millones de euros de la Caja Municipal estuvo una vez más presente y en numerosas ocasiones mantuvo en un segundo plano el debate principal del Pleno vinculado a las cuestiones económicas antes reseñadas.

En este sentido, el PP fue acusado en varias ocasiones de ser “corresponsable” político por omisión en el desfalco. Una situación que llevó al alcalde, José Loaiza, a indicar que “no se puede hablar de desfalco ya que se trata de un robo y el PP no tiene nada que ver ya que por omisión sería responsable todo el pleno”.

El pacto con el PA y la presencia en el mismo de De Bernardo tampoco se salvó de la crítica de la oposición en esta ocasión. El ex-alcalde tampoco quiso a entrar en el fragor del debate político y se limitó a decir que “los isleños ya nos han castigado bastante en las urnas, donde hemos pasado de tener ocho concejales a quedarnos con tres”.