El Gobierno del PSOE acumuló en un cajón 500 expedientes disciplinarios

El anterior gobierno socialista llegó a acumular en un cajón de la Delegación de Urbanismo más de 500 expedientes disciplinarios relativos a materias de obras y actividades de calificación medioambiental (bares, locales de copas...) sin firmar que comprenden al periodo de 2007 a 2011, según han indicado a este periódico fuentes municipales. En todos los casos, los documentos tramitados por el Área de Disciplina Urbanística fueron devueltos sin la firma del delegado competente, es decir, Juan Pedro Crisol, titular de la Delegación de Urbanismo en el equipo de Gobierno de Pilar Sánchez y actualmente concejal del grupo municipal socialista.
Ahora, cuatro años después, el nuevo equipo de Gobierno se está viendo obligado a “dar salida” a este cúmulo de documentos, algunos de los cuales están prescritos al haber superado los cuatro años de plazo obligatorio, exceptuando los que se refieran a actuaciones que afecten a suelo de dominio público, que están exentos.
Otra parte de estos expedientes ha caducado, pero en este caso se puede iniciar de nuevo el procedimiento, como así está haciendo el Ayuntamiento poco a poco. No hay duda de que el rescate de estos documentos supone “la cara más fea” de la gestión urbanística, ya que se traduce en la imposición de sanciones, pero mantenerlos en el cajón podría suponer responsabilidades penales para el Ayuntamiento por el “carácter inexcusable” de la “potestad disciplinaria” que los ediles populares no están dispuestos a asumir.
Según afirman fuentes municipales, los motivos por los que no se les dio resolución, silenciando de este modo infracciones urbanísticas, se debería fundamentalmente al “temor político” de que estas actuaciones descritas por los técnicos municipales conllevaran medidas impopulares como sancionar a los responsables de construcciones en zonas no urbanizables u ordenar la clausura de negocios que no hayan tramitado la licencia de obra. Según apuntan las mismas fuentes, el primer caso se repite en la zona rural de Jerez y en la mayoría de las veces con los mismos escenarios: Cuartillos, Magallanes, Gibalbín...donde el Gobierno socialista permitió la edificación en zonas no urbanizables cuyos proyectos se iniciaron desde el área disciplinaria pero nunca fueron tramitados.
Otra buena parte del conjunto de documentos que se quedaron sin la firma de Crisol también son relativos a la actividad calificada que afecta a negocios hosteleros, pubs, bares con música, y que deben estar reflejadas en la licencia previa de apertura del negocio, donde estos documentos contemplan desde sanciones a locales por infringir el horario de autorización de la música o los decibelios hasta varios casos en la ciudad mucho más extremos que, de aplicarse, implicarían el cierre inmediato del local al no haber ejecutado una orden de clausura por haber ampliado su actividad sin solicitar la licencia pertinente o bien no hayan tramitado los permisos correspondientes.
No obstante, según fuentes municipales, en estos extremos el Gobierno local es “sensible” y “comprensivo” y siempre se va a poner en contacto con los promotores de la actuación, aunque aseguran que entre los locales que se encuentran en esta coyuntura se dan situaciones no susceptibles de “ser legalizables”.
En este sentido, las mismas fuentes señalan que en el Ayuntamiento no son ajenos al “malestar importante” que genera entre los establecimientos que haya negocios que no hayan tramitado las licencias obligatorias, lo cual no consideran justo, y por ello defienden la necesidad de aplicar la disciplina urbanística “en las mismas condiciones”.

la burocracia es “lamentable”
Desde el punto de vista de Horeca la asignatura pendiente a la hora de abrir un negocio en la ciudad y cualquier municipio de la provincia es la “lamentable” burocracia con la que se encuentran los empresarios. A juicio del presidente de la patronal hostelera, Antonio de María Ceballos, la “excesiva” tardanza con la que llegan estos permisos fomenta que haya muchos casos que estén pagando elevadísimos alquileres que no tengan más remedio que abrir pese a que aún estén pendientes de los permisos. En este sentido, tiene claro que la lacra del desempleo debería dar “prioridad absoluta” por parte de las administraciones para la apertura de nuevos negocios.

“Lo mejor es dejar en manos de un asesor la tramitación de licencias”
El matrimonio jerezano que forman Ángeles Córdoba y Miguel Ángel Montes de Oca abrió el pasado mes de febrero su bar ‘La Jarra Oxidá’ en la barriada de La Vid y muy cerca del Campus Universitario de La Asunción. El primer paso que tuvieron que dar fue convertir la planta baja de un piso en un local sin uso con la consiguiente tramitación administrativa, tras alquilarlo varios meses y ver que no les interesaba, decidieron adquirirlo y hace un año se lanzaron a la aventura de abrir su actual negocio. Ahora tendrían que darle un uso de cafetería, hacer nuevas obras insonorización, etc.) e iniciar un procedimiento administrativo en el que siempre han estado arropados por una asesora para cumplimentar todas las licencias necesarias: obra, primera ocupación y apertura. Como señala Miguel Ángel, la licencia de apertura le tardó unos cuatro meses en llegar, por lo que en un momento dado optaron por empezar su actividad al tener acreditado la solicitud de la misma. Esto no impidió que en una inspección técnicos de Urbanismo le levantaran acta, si bien nunca se materializó en una multa “porque comprobaron que la solicitud estaba hecha y que era sólo cuestión de tiempo”. Efectivamente, su licencia de apertura de obligada exposición pública en estos locales, le llegó en junio, aunque este jerezano ve comprensible que otros bares opten por esta práctica sobre todo si tienen que pagar elevados alquileres. “Siempre que lo hayan solicitado no les va a pasar nada”, dice.

“Tengo todos mis papeles en regla, ¿por qué no me hacen caso?”
En estos momentos, hay varios negocios con órdenes inmediatas de clausura, donde la voluntad de los afectados pasa por reunirse con Urbanismo para tratar de arreglar la situación. Tal como ha apuntado a este periódico el responsable de uno de los bares que está en esta situación, su mayor indignación responde al hecho de que haya sido denunciado por varios hosteleros de su entorno por carecer de licencia de obra, un permiso que lleva esperando ocho meses y cuya demora achaca al Gobierno socialista. Ahora, Urbanismo le exige que ejecute la orden de clausura en las próximas horas, una situación que llevaría al traste los 25 puestos de trabajo que mantiene en su local. “Tengo todos mis papeles presentados, pago las tasas, mi local está perfectamente adaptado, ¿por qué no me hacen caso?”, se pregunta el responsable de un establecimiento por el que paga más de 4.000 euros de alquiler al mes, sin contar con el canon de franquicia. “Lo único a lo que nos dedicamos en mi empresa es a trabajar y a crear empleo y tras tener en plantilla 80 empleados después de Semana Santa vamos a abrir nuestro sexto restaurante en la ciudad, por eso no entiendo por qué nos está pasando esto”, asegura. En defensa de las razones por las que abrió antes de tener la licencia, una práctica habitual, esgrime el altísimo coste del alquiler al que estaba haciendo frente desde hacía meses.
Por ello, su principal preocupación pasa por reunirse este mismo lunes con responsables de Urbanismo, y más concretamente con el delegado Antonio Saldaña para estudiar en qué punto se encuentra su documentación y encontrar una opción menos traumática que el cierre de uno de los locales del centro más transitados en la actualidad.

“Somos comprensivos y no queremos ser los malos de la película”
La falta de iniciación de expedientes sancionadores por parte de la Delegación de Urbanismo en la etapa comprendida entre 2007 y 2011 ha dejado al Ayuntamiento que gestiona ahora el Gobierno popular en una tesitura complicada porque, como asegura el actual delegado de Urbanismo, “no queremos quedar como los malos de la película por una situación que no hemos provocado”. En este sentido, defiende la “sensibilidad” y la “comprensión” del Gobierno local con varios casos de negocios sobre los que pesa una orden de clausura que los socialistas no ejecutaron para tratar de regularizar su situación cuanto antes. “No se va a firmar ninguna orden de clausura sin antes ponernos en contacto con el local afectado y hablar con ellos”, asegura. No obstante, Saldaña también es consciente de que hay que dejar atrás la práctica de iniciar la actividad sin licencia y la necesidad de agilizar cuanto antes estos permisos y velar para que la entrega de documentación inicial llegue completa.