La Comunidad de Regantes del Guadalcacín denunciará el supuesto fraude de las obras de modernización de la zona regable

La nueva Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes del Guadalcacín ha realizado ya un primer análisis exhaustivo del estado real en el que se encuentra la institución, así como de la obra de modernización de la zona regable. "Y el resultado de este análisis no ha hecho más que confirmar los peores augurios, ya que la situación es muy grave, preocupante y obliga a la actual Junta de Gobierno a pedir responsabilidades ante la Justicia y a encargar una auditoría de la obra al Ministerio de Medio Ambiente", expone su presidente Jacinto Carrasco.

Lo que se han encontrado "es peor de lo que se creía en un principio. Una Comunidad de Regantes en la ruina, con una deuda millonaria que recae sobre las espaldas de los regantes, con una gestión que presenta importantes irregularidades y con una obra de modernización que poco se parece al proyecto original y que no responde al objetivo fijado", critican
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Paradójicamente, se da el caso de que muchos regantes "aún no saben lo que es realmente la modernización del riego, ya que tan sólo se les ha instalado un contador y les han pinchado los hidrantes en tuberías viejas de hace 20 años, que no están acondicionadas para aguantar tanta presión, por lo que las averías son constantes, por lo que ahora hay comuneros que tienen mucho más problemas para regar que antes y, encima, están endeudados de por vida", prosiguen.

"Para colmo del despropósito -denuncian-, tres años después de finalizarse las obras, el sistema de riego presenta importantes averías y desperfectos en los materiales (nunca ha funcionado la telemetría y el telecontrol, hay problemas de corrosión que demandan una sustitución de los materiales…), lo que anula el principal objetivo del proyecto, que era la modernización de los riegos para lograr el ahorro y la contención con respecto al uso del agua y dar así un futuro más cierto al excelente campo de regadío de la comarca jerezana".

"Pues ni una cosa ni la otra. Lo que hay es una deuda desorbitada que es inasumible por parte de los comuneros, agricultores ya muy castigados por la crisis del sector, que se han convertido en víctimas de la negligencia de las administraciones públicas, que tenían que haber ejercido su obligada función de control de la inversión -más aún en un proyecto de estas características-, así como de una nefasta gestión que podría llegar a incurrir en delito".

En este sentido, la actual Junta de Gobierno denuncia públicamente, "el desvío de más dos millones de euros por parte de los anteriores gestores de la Comunidad, que utilizaron estos fondos ingresados por los comuneros para el pago del canon y las tasas a la Agencia Andaluza del Agua -ejercicios 2007 y 2008- para un destino muy diferente: la obra de modernización. Debido a este desvío, los comuneros deben esa cantidad a la Junta de Andalucía, a pesar de haber pagado el impuesto en tiempo y forma".

Por todo lo expuesto, la Comunidad de Regantes se ve obligada a pedir responsabilidades ante la Justicia a todo aquél que haya estado implicado de alguna manera en un proceso de modernización "que ha resultado ser un fraude, y que ha llevado a la ruina a unos regantes que lo único que han hecho es confiar en las administraciones y en los que tenían las riendas de la Comunidad. Todos les han fallado", aseguran.

Cabe recordar que la empresa estatal SEIASA (SUR y ESTE), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, fue la promotora de la obra de modernización y SACYR S.A.U. la adjudicataria, teniendo la Comunidad de Regantes únicamente relación con la sociedad estatal mediante convenio firmado el 22 de diciembre de 2001.

De esta manera, SEIASA (SUR y ESTE) asumió la dirección de la obra y, por ello, recaía sobre esta empresa estatal la responsabilidad de proteger a los 2.400 comuneros del Guadalcacín, con la finalidad de que estas obras se llevasen a cabo y se realizaran conforme a lo proyectado, sin que se desviara en lo sustancial del objetivo de la misma, la modernización real de toda la zona regable a un coste asumible por las explotaciones agrarias.

"Tal como se han sucedido los acontecimientos, desde la Comunidad de Regantes se considera que SEIASA ha incurrido en dejación de funciones y ha dejado desprotegidos a los regantes, ya que ha permitido que no se ejecute la obra en su totalidad (no se han modernizados todas las redes de riego), que se instalen materiales con una calidad no adecuada, que se acepten modificaciones no justificadas técnicamente y que no mejoran la eficiencia del riego (hasta 4.000 modificaciones del proyecto inicial), así como ha permitido que se instalen infraestructuras fuera de la zona regable, con la consiguiente ampliación de ésta y sin autorización administrativa".

A espaldas de los comuneros
En la Asamblea General Extraordinaria de la Comunidad de Regantes del Guadalcacín celebraba el 13 de diciembre de 2001, se aprobó el Proyecto de Modernización con un presupuesto de 53.999.111,31 euros. "Esto fue lo único que aprobaron los comuneros. Lo ocurrido a partir de aquí es una historia repleta de irregularidades. Según lo aprobado por la asamblea, a SEIASA se le tendría que haber anticipado un pago de 16.469.728,95 euros (30,50% del coste total de la obra), pero el posterior sobredimensionamiento de la obra, del que los responsables tendrán que rendir cuentas, llevó a la Comunidad a adelantar más de seis millones de euros adicionales con respecto a lo que se aprobó en convenio, aportando un total de 22.845.095 euros, como se desprende de los datos contables de la Comunidad de Regantes y de la liquidación final emitida por SACYR S.A.U. Toda esta maniobra se llevó a cabo sin el conocimiento de los comuneros, cometiendo por tanto una flagrante ilegalidad, al no someterse este abultado incremento presupuestario a la aprobación de la Asamblea General como determinan los Estatutos de la Comunidad de Regantes", denuncia el presidente de la Comunidad de Regantes.

"Ese aumento desproporcionado del presupuesto en un 39,86% provoca la inviabilidad de las explotaciones agrarias, puesto que éstas, con una dimensión media de cinco hectáreas, jamás podrían asumir dicho coste.
Todas estas irregularidades (sobrecostes, vicios ocultos y obras pendientes) así como el exceso en el importe adelantado, que ya se han puesto en conocimiento de las administraciones competentes y se van a presentar ante los tribunales, llevan a los actuales responsables de la Comunidad de Regantes a reclamar responsabilidades y la devolución del dinero por parte de SEIASA, un total de 18.550.222,89 euros por los conceptos mencionados".