Empujados a la ruptura por unas tomas de razón ?estranguladoras?

La Diputación de Cádiz ha reconocido públicamente que “no le gusta” que el Ayuntamiento haya tenido que rescindir el convenio de recaudación con Diputación, aunque del mismo modo “comprende” la decisión adoptada ante la “situación de ruina” que supone para el Consistorio jerezano hacer frente a los pagos sellados y comprometidos por la anterior alcaldesa, la socialista Pilar Sánchez, y que ascienden a 542 millones de euros.

Así lo exponía esta semana el diputado de Economía, Juan Antonio Liaño, quien reveló a su vez la magnitud de dichos compromisos de pago -las “tomas de razón”- autorizados por Sánchez y ejecutados por los anteriores responsables de Hacienda de Diputación: 542 millones de euros, adeudados a proveedores, entidades financieras y concesionarias y con unos periodos de abono que llegan –en algún caso- hasta el año 2031, como refleja la orden de pago a Urbaser, provocando, junto con el resto de cifras, “una situación ruinosa”, que “obliga a romper” este convenio.

“Estos compromisos anulaban la voluntad municipal para resolver el destino y la prioridad de sus gastos, amenazando incluso el pago de nóminas a la plantilla municipal como obligación preferente”, lo que le llevó a calificar dichas tomas de razón como “una barbaridad política y económica”.

Diputación, tras conocer la decisión del Ayuntamiento de Jerez, ha encargado a la Asesoría Jurídica la emisión de un informe en el que se determinen las consecuencias de la ruptura del acuerdo; y también ha constituido una comisión técnica que resolverá la liquidación del convenio en términos económicos. Asimismo, y frente a las críticas propiciadas desde el bando socialista, Liaño ha resaltado que la renuncia de Jerez “no supondrá la quiebra técnica de Diputación. Seguiremos pagando los anticipos los días 20 de cada mes y, frente a situaciones excepcionales, buscamos remedios excepcionales”. “No nos da miedo cómo queda la situación, la que sí debe tener miedo es Pilar Sánchez, por dejar Jerez en la situación tan ruinosa que lo ha dejado”, recalcó Liaño.

En este sentido, recordó que Diputación acaba de cerrar una operación de crédito –garantizada con las estimaciones de recaudación- que permitirá anticipar 125 millones de euros a los municipios que encomiendan su gestión tributaria a la institución provincial. Esos anticipos han sido concedidos por entidades financieras, sobre la base del 75 por ciento de la recaudación prevista en el Impuesto de Bienes Inmuebles y en el Impuesto de Actividades Económicas.Asimismo, el diputado provincial apuntó que se estudiará la posibilidad de emprender acciones legales “si fuera necesario” contra la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, sobre la que Liaño también ha hecho constar que durante el periodo de “vacío de poder”, tras las elecciones municipales, ordenó nuevas tomas de razón desde el Consistorio a Diputación. legalidad.

Entre los argumentos aportados por el diputado provincial de Economía a la hora de aceptar y reconocer el paso dado por el Ayuntamiento de Jerez se encuentra el relativo a la propia ley de Adiministraciones públicas, que obliga a los consistorios a priorizar cada mes el pago de los salarios de la plantilla municipal por encima de otros compromisos de pago existentes. Según esta circunstancia, el Ayuntamiento estaba obligado a interrumpir el pago de las tomas de razón, puesto que no podían recibir las cantidades adeudadas los proveedores antes que los propios trabajadores del Ayuntamiento jerezano.garcía-pelayoLa alcaldesa, María José García-Pelayo, ha eludido participar esta semana en la polémica generada como consecuencia de la liquidación del convenio de recaudación suscrito entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Cádiz. Según García-Pelayo, se trata de una “decisión madurada” que se adoptó “con el conocimiento” de la institución provincial, por lo que “no hay que entrar más en este tema, sino trasladar un mensaje de tranquilidad a los bancos y proveedores, porque estamos negociando para poder cumplir nuestros compromisos”.

La primera autoridad municipal sostuvo que la liquidación del convenio era “el único camino” posible “para salir del bache económico” en el que se encuentra sumido el Consistorio”. “Creo que hemos acertado en esta decisión, aunque ahora habrá que trabajar con Diputación para valorar las consecuencias de la revocación”, añadió. El PSOE criticó la decisión municipal, considerando además que “está generando más problemas” de los que se preveían, “ya que una de las primeras consecuencias es que Jerez ha quedado fuera de la operación de crédito de la Diputación”.

PSOE
El Grupo Municipal Socialista, por su parte, ha advertido de la gravedad de las consecuencias de la ruptura del convenio con Diputación que, “lamentablemente, va a tener su más directo reflejo en el impago de las nóminas de los trabajadores, una vez que ha quedado constatado por parte del Gobierno del PP y de la señora Pelayo su incapacidad para cerrar un acuerdo con las entidades bancarias que permitiera afrontar con garantías el pago de los salarios de la plantilla municipal y de las concesionarias”.Para el PSOE jerezano “es evidente que el empeño del PP en romper de forma unilateral el acuerdo con Diputación le está generando más problemas de los que preveía, ya que no sólo no se garantiza el pago de las nóminas sino que Jerez ha quedado fuera de la operación de crédito que acaba de cerrar la Diputación con entidades financieras y que le permitirá anticipar 125 millones de euros a los municipios que encomiendan su gestión tributaria a la institución provincial”.