Un fax remitido en diciembre de 2009 desde el "gabinete del consejero" de Empleo, entonces Antonio Fernández, sobre el "encaje jurídico" de las ayudas socio laborales financiadas mediante la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, cuya posible administración fraudulenta investiga la juez Mercedes Alaya, señala el "problema añadido" de la "obligación insoslayable de publicar las subvenciones" y su carácter "discrecional", manifestando el aviso de que no convenía "destacar" en un informe jurídico que el "trámite de control financiero individual" había sido "eludido" en el caso de estas ayudas.
La juez Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso general de dichos fondos al contemplar ayudas directas a empresas.
EL CONVENIO DE 2011
Porque mediante un acuerdo rubricado en 2001 entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, entonces dirigida por Francisco Javier Guerrero, y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros con cargo a la partida presupuestaria 31L en concepto de ayudas directas a empresas o ayudas socio laborales para trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE). Esta fórmula, según la investigación, sería supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y habría servido para canalizar los fondos públicos de manera presuntamente arbitraria.
La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancia administrativa" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo, bautizado como "fondo de reptiles" por el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en las diligencias y actualmente en prisión.
ATESTADO DE LA UCO
Pues bien, en uno de los atestados elaborados al respecto por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, figura un fax remitido el 16 de diciembre de 2009 desde el "gabinete del consejero" de Empleo, en aquel entonces Antonio Fernández, merced a un documento de "conclusiones" redactado por el despacho de abogados y asesores tributarios Garrigues, acerca de esta "línea de ayudas excepcionales" de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. El fax, en concreto, refleja un documento fechado el día previo, pero que carece de la firma de la persona que, en tales líneas, analiza las conclusiones del mencionado escrito del despacho de abogados.
En el documento, de cualquier modo, el autor señala las "dificultades de encaje jurídico" de las ayudas asociadas a la partida presupuestaria 31L al haber expirado el convenio firmado en 2001 entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo IFA, ya entonces rebautizado como Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). El autor del texto señala como "obvias" algunas de las conclusiones del escrito de Garrigues, pero de otro lado cree que en dicho documento, "la alusión a la elusión del trámite de control financiero no parece muy discreto que se resalte". "Puede ser una pretensión o un efecto implícitamente buscado, pero no conviene destacarlo", señala el autor del texto en este punto.
EL CONSEJO DE GOBIERNO Y OTRO "PROBLEMA AÑADIDO"
El autor del texto, además, descarta resolver este "encaje jurídico" mediante una "encomienda de gestión" en favor de IDEA, dado que la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía, en vigor desde 2008, sometería tal extremo a la autorización del "Consejo de Gobierno" y "el expediente no conseguirá atravesar el primer filtro jurídico". Dado el caso, el autor de estas líneas aboga por "un convenio de colaboración, sin más, entre la Consejería de Empleo e IDEA".
"¿Pasaría esto los filtros jurídicos? Podría intentarse", señala el escrito, que finalmente alude al "problema añadido" de la "obligación insoslayable de publicar las subvenciones". "Y como se otorgan sin norma de cobertura, estas subvenciones, además de excepcionales y directas, son por ende facultativas o discrecionales", concluye el documento.
