Se conmemora en estos días el aniversario de la Constitución española de 1978. Una constitución que ha sido alterada sólo en dos ocasiones: por el Tratado de Maastricht (1992) y para fijar el tope de déficit (2011). En ésta última ocasión, de prisa y de noche, con la complicidad de los dos grandes partidos políticos, que escenifican la tradicional comedia de enredo titulada: Entre “derechas e izquierdas anda el juego”. Obra de sobra conocida por todas las personas pero que, no obstante, se viene manteniendo en cartelera durante decenios.
En su momento, poco antes de que Zapatero abandonara la Moncloa, esa reforma de la Constitución, que recogía el principio de estabilidad presupuestaria y que ponía techo al gasto público, supuso el principio del fin del “estado del bienestar”. Consagrando y perpetuando toda la política de reformas económicas, antisociales y neoliberales que los gobernantes, políticos, patronal, banqueros, especuladores y sindicatos institucionales, han venido concretando. Medidas políticas que han seguido aprobando, sistemática y calculadamente, en estos últimos años, para ofrecer exclusivamente soluciones a la crisis sistémica del capitalismo, con el único objetivo de satisfacer las ansias de los mercaderes, de incrementar el nivel de explotación humana y de recursos, en beneficio de una minoría de ricos y poderosos.
Esa reforma constitucional supuso renunciar, de hecho y de derecho, a cualquier posibilidad de realizar políticas económicas basadas en el reparto de la riqueza, en la justicia social, en el desarrollo de los servicios sociales y públicos, de la recuperación de los derechos sociales y laborales perdidos. De hecho, esta política nos dirige a un horizonte cercano a seis millones de parados y a no poder garantizar el pago de las pensiones públicas en el presente. Este asesinato de la soberanía nacional, significó renunciar a lo que conocemos como “estado del bienestar”, significó acentuar y ratificar el modelo productivista, competitivo, consumista, desbocado en su crecimiento que está provocando un conjunto de crisis: económica, medioambiental, energética, alimentaria…. Y que acabará con nuestro mundo tal como lo conocemos.
Por ello no comprendemos que en estas fechas haya algo que celebrar, porque la Constitución Española se ha vaciado de contenido. A todo esto se suma la nula voluntad de los gobernantes de utilizar lo dispuesto en el artículo 128: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.” Insistiendo el texto constitucional en que: “Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.
El cambio constitucional significó una auténtica renuncia a la soberanía popular, significó un verdadero déficit democrático y el sometimiento a los dictámenes de los países ricos de Europa. Se produjo para evitar responsabilidades, una especie de ley del “punto final”. Para calmar a los mercados en pleno ataque especulativo contra las arcas públicas, en plena crisis, siguiendo el dictado implacable de los grandes bancos alemanes y franceses. Entre todos la mataron y ella sola se murió. ¿Hay algo que celebrar?. Fdo. Rafael Fenoy Rico Comunicación CGT Enseñanza
