La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, Esperanza Aguirre, recurrió este jueves en la Asamblea autonómica a un clásico: la mejor defensa es un buen ataque. “El espionaje político es una seña de identidad del PSOE”, dijo en alusión a los seguimientos a personajes públicos que escandalizaron a la opinión pública en los años ochenta y noventa.

Dice verdad la presidenta. Pero eso no sirve para ahuyentar las fundadas sospechas de que ese tipo de irregularidades se han podido cometer ahora en ámbitos de su competencia institucional y orgánica. Puede servir para levantar el ánimo de su gente en una fogosa sesión parlamentaria, pero no para persuadirnos de que ninguno de sus subordinados está libre de responsabilidad en el uso de malas prácticas.

Aguirre se sale de la cuestión. Deliberadamente, claro. Y así viene a desmentir su pregonada voluntad de transparencia. Si no tiene nada que ocultar, ni ella ni sus consejeros, como asegura, ¿qué inconveniente hay en tratar abiertamente el caso que nos ocupa? ? Sin embargo, se pone a mirar el retrovisor y arremete contra el Partido Socialista Obrero Español por unas malas prácticas que no le trajeron más que desgracias y por las que ya pagó un alto precio político y, en algunos casos, judicial. 

No vale despachar el asunto que nos ocupa aquí y ahora, el llamado Watergate de Madrid, acusando a otros de urdir un montaje o anunciando que se quedará en agua de borrajas. Eso se verá, tanto en el plano político como en el judicial. Los cabos sueltos, que son demasiados, no permiten afirmar que el asunto vaya a desinflarse más pronto que tarde.

Cabos sueltos de fácil comprobación, en todo caso, si de verdad, como dice Esperanza Aguirre, su deseo es aclararlo todo porque nada tiene que ocultar. Por ejemplo, es muy fácil la prueba caligráfica para saber a quién corresponden las anotaciones manuscritas en los partes de seguimiento desvelados por el diario El País. Tampoco ofrece la menos dificultad saber quién o quienes se dirigieron al Ministerio del Interior para verificar ciertas matrículas de automóvil, pues todas las verificaciones quedan registradas. Una vez descubiertas esas identidades, sabríamos quiénes ordenaron los servicios. Y con qué grado de conocimiento en escalones superiores.

Otra cosa es la trastienda política del caso. Hacia fuera, donde los socialistas esperan rentabilizar el escándalo. Y hacia dentro, ya que la propia dinámica de la comisión que acaba de crearse en la Asamblea de Madrid puede poner al descubierto la sorda reyerta que, en el segundo escalón de poder, están librando las dos personas de confianza de Esperanza Aguirre: el vicepresidente, Ignacio González, y el consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados.