La asociación SOS Bebés Robados ha reactivado su lucha en Jerez con seis denuncias más de presuntos casos relacionadas con esta trama y con la colaboración de dos nuevos abogados, Alberto Prián Carrillo y Luis Montero Jaramillo que, junto con el despacho de Martín de la Herrán llevarán los casos de las familias afectadas.
Lejos de venirse abajo por el archivo de casos, ya que en las últimas semanas se han sumado cuatro más que ya han sido recurridos -todos ellos por falta de pruebas- en la asociación están animados y con ganas de conocer los resultados de las tres exhumaciones que hay pendientes y la resolución de los procesos que están en marcha. Ayer mismo la vicepresidenta de este colectivo, Luisa Fernanda Terrazas y representante de Jerez, cuyo caso también ha sido archivado y recurrido, mantuvo un encuentro con los letrados y los denunciantes para informar de los próximos pasos a dar y asesorar a los padres que en los próximos días interpondrán su denuncia en la Fiscalía una vez recabados los documentos necesarios para empezar esta batalla legal.
Aunque los episodios que estas familia esperan relatar ante el juez son de años diferentes, desde el 72 al 80, en todos ellos de nuevo vuelven a estar unidos por las “contradicciones” que se produjeron tras el parto. “En uno de los casos ni hay ni certificado de defunción ni aparece por ningún lado que la niña estuviera muerta”, explica Terrazas.
Contradicciones
Además, hay otras coincidencias de peso con otros casos a las que se aferran los denunciantes para relacionar sus casos con esta trama, como el hecho de que en sus denuncias vuelva a repetirse el nombre de un pediatra y de un trabajador de la funeraria que supuestamente realizaba el traslado de los cuerpos de los niños del Hospital al cementerio.
Desde SOS Bebés Robados han contabilizado más de 200 casos de supuestos bebés robados entre Jerez y la provincia, si bien en los últimos meses desde la asociación se han mostrado cautos sobre los últimos acontecimientos que se han producido en esta trama.
Hasta ahora lo que podría “agilizar” las investigaciones es la decisión de la Fiscalía General del Estado de unificar criterios y dar permiso a todas las fiscalías a ordenar exhumaciones de restos de recién nacidos y practicar pruebas de ADN sin necesidad de autorización judicial en las causas de bebés robados.
