Vender coquinas capturadas unas horas antes es, hoy día, el único recurso para muchas familias onubenses, aunque se trata de una actividad que, en muchos casos, es ilegal, pendiente de saber si las licencias que se irán concediendo en próximos meses podrán hacer que todos los demandantes puedan trabajar legalmente.
La cifra de personas que se dedican a esta actividad sin licencia, como todo caso de economía sumergida, es difícil de concretar, pero su comercio diario, a dos euros el vaso, les reporta lo suficiente como para sobrevivir, aunque con las quejas de los mariscadores legales siempre pululando sobre su trabajo.
Son varias las asociaciones que han puesto el grito en el cielo en los últimos años, entre ellas la de Mariscadores de Nueva Umbría, que, además de denunciar la ilegalidad, alerta de que los furtivos capturan coquinas por debajo de la talla mínima, establecida en el litoral onubense en 2,5 centímetros, además de capturar ejemplares en zonas cerradas por distintos motivos.
Según los cálculos de la asociación, en la costa onubense pueden trabajan legalmente más de 250 mariscadores, y el mismo número de furtivos, por lo que ya ha presentado denuncias ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, entre otras instancias.
María -nombre ficticio- se aposta cada mañana a las puertas de un supermercado de Lepe ofreciendo la mercancía que su pareja ha capturado durante la madrugada.
La hora a la que llegue depende de las mareas, ya que estas marcan el mejor momento para capturar las coquinas, pero sobre las 10 de la mañana el paisaje de vendedoras (normalmente son mujeres) a las puertas de los supermercados empieza a ser lo habitual.
"Lo único que queremos es trabajar legalmente, pero como no nos dejan, tenemos que comer", explica María, que señala que las ganancias diarias son "muy relativas", aunque su marido y un compañero pueden sacar en "un buen día de verano" unos 150 euros entre los dos.
Su actividad, no obstante, es muy perseguida, y en 2012 la crisis hizo que las denuncias por marisqueo ilegal en Huelva aumentasen un 50 por ciento, con 332 sanciones, entre la Guardia Civil, que vigila el litoral, y la Policía Local, que requisa las capturas a pie de calle, levanta acta y entrega lo capturado a centros de beneficencia.
Juan Grao, presidente de la Asociación de Mariscadores de Canela, en Ayamonte, calcula que solo en este municipio hay medio centenar de personas que capturan coquinas fuera de la legalidad, por lo que demanda que esta situación termine, "porque el caladero está en buen estado, y se pueden dar más licencias"•.
Y es que Grao se agarra a la mayor: "Si no hubiese coquinas para dar nuevas licencias, los mariscadores ilegales no las capturarían todos los días", por lo que entiende que cerrarse a dar nuevas licencias a todo el que lo reclame "fomenta más la ilegalidad que la legalidad".
Las asociaciones, de hecho, se quejan de que, en ocasiones, las batidas de las fuerzas del orden son excesivas, lo que no comparte la delegada de Agricultura y Pesca en Huelva, Carmen Lloret: "no sé si las fuerza de seguridad han actuado en exceso, pero han actuado dentro de la normativa legal".
"Sabemos que los mariscadores irregulares son personas que tienen una situación social y personal no demasiado buena, pero deben comprender que hay otras personas que pagan sus impuestos, cumplen rigurosamente con la normativa vigente y debe respetarse todo lo relativo a la legalidad en el marisqueo", explica Lloret.
Entre las últimas medidas adoptadas, el pasado 28 de diciembre la Junta de Andalucía convocó la concesión de 50 carnés profesionales de marisqueo a pie en la provincia de Huelva y 20 en la de Cádiz, insuficientes para el sector.
Mientras todo se aclara, María volverá hoy a vender sus coquinas a las puertas de un supermercado, esperando que, más pronto que tarde, pueda hacer la actividad que mantiene la economía de su casa con un carné profesional en el bolsillo.
