La “mordida legal” a los depósitos de clientes que exigía la troika para acceder al rescate del sistema financiero chipriota, el país más pequeño de la UE, supone el 0,2% del PIB de la eurozona, cuyos problemas solo demandaban una aportación de 10.000 millones de euros, han puesto de manifiesto la inconsistencia de la UE. Si hasta ahora habíamos asistido a escenarios realmente complicados, como el caso de Grecia, Portugal e Irlanda, encarados más o menos convenientemente, y los amagos de default, no menos preocupantes, relativos a nuestro país e Italia, que atentaron, en algún momento, contra su continuidad, cuantitativamente de un enorme mayor volumen que el que ha proporcionado Chipre, ha tenido que ser este affaire el que reabra nuevamente la caja de Pandora de la deuda soberana europea.
La solución arbitrada condicionando la ayuda necesaria para evitar la quiebra de este pequeño país, aunque la calidad de la gestión del gobierno chipriota merezca todas las recriminaciones, ha sobrepasado el esperpento poniendo de manifiesto la incapacidad de la eurozona y sus dirigentes para salvar la situación y medir las consecuencias de sus decisiones. Poner en tela de juicio los fundamentos jurídicos y contractuales de la UE en relación a la seguridad y garantía de los depósitos de clientes del sistema financiero, es el mayor desatino cometido desde el nacimiento de la UE. Abrir una crisis descomunal por una situación que requería un tratamiento más simple no solo provoca la incertidumbre e intranquilidad en los ciudadanos chipriotas, por el impacto de la “mordida” y las consecuencias del corralito, sino que extiende su contagio al resto de ciudadanos europeos que ven con real preocupación cual puede ser el desenlace si en su país se produjera una situación complicada, incrementando el recelo de los mercados por el temor específico de respuestas similares y la inseguridad total para recuperar sus inversiones y depósitos en los países de la UE.
De nada sirve argüir que los depósitos en el sistema financiero de Chipre tuvieran su origen en un 40% de titulares rusos, atraídos por sus desmesuradas rentabilidades y aprovechando los beneficios de su laxa fiscalidad, ni que los depósitos totales alcancen el 400% del PIB de ese país, cuando en España, por ejemplo, no llegan al 100%, ni que los criterios de gestión que estaba aplicando el sistema financiero chipriota concitara muchas dudas, la torpeza cometida denota la postura de los países fuertes de la UE de asumir los problemas de otros estados miembros, posición que, si cabe, es más deplorable.
El desenlace concreto del problema chipriota sin duda encontrará una solución plausible, más no estoy tan seguro de que la nueva brecha abierta en la credibilidad de la UE se cierre felizmente, sobre todo porque en el inmediato futuro debe encararse aspectos tan transcendentes como la Unión Bancaria, la equiparación fiscal y la armonización presupuestaria, acuerdos, cuya envergadura, requerirán esfuerzos que a tenor de los precedentes acontecimientos parecen difíciles de conseguir.