El abogado Fernando de Pablo ha decidido renunciar a la defensa del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, quien ingresó en prisión provisional, comunicada y sin fianza el pasado miércoles por orden de la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta.
En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que el letrado ha elevado este martes un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que comunica su decisión de dejar la defensa del exalto cargo de la Junta en este procedimiento penal, por lo que el imputado deberá designar ahora nuevo abogado y procurador.
El letrado abandona la defensa de Francisco Javier Guerrero después de que, el pasado miércoles, su cliente prestara declaración ante la juez Mercedes Alaya pese a su recomendación para que no lo hiciera, por lo que "existe una disparidad de criterios" que han motivado su renuncia como abogado defensor.
La juez Mercedes Alaya ordenó el ingreso en prisión de Guerrero tras imputarlo por sendos delitos continuados de prevaricación, malversación, y cohecho, así como un delito de asociación ilícita.
Para tomar esta decisión, la juez Mercedes Alaya aludió a "la posibilidad de que la actuación del inculpado pueda obstaculizar las diligencias de investigación, así como malograr el fin perseguido con el secreto decretado de las actuaciones, pues estando en libertad puede influir en medios de prueba que pudieran serle desfavorables", a lo que se suma "la escasa colaboración y el escaso nivel de respuesta" del imputado.
PETICIÓN DE LIBERTAD
Al hilo de ello, las fuentes consultadas por Europa Press han indicado que, junto al escrito en el que desiste de su defensa, el abogado Fernando de Pablo ha presentado un último escrito en el que recurre en reforma el auto de prisión dictado por la juez al no estar de acuerdo con los argumentos vertidos en el mismo.
En primer lugar, el abogado rechaza el argumento esgrimido por la magistrada en cuanto a "la importancia de los nuevos indicios obtenidos, así como la gravedad de los nuevos delitos que se le imputan", un aspecto éste que "no puede discutir al estar la causa bajo secreto" y no conocer "lo que hay en el sumario", lo que crea una situación de "indefensión natural". "Es imposible discutir dicho argumento", esgrime el letrado en el recurso.
La juez también considera "la posibilidad de que la actuación del inculpado pueda obstaculizar las diligencias de investigación, así como malograr el fin perseguido con el secreto decretado de las actuaciones", argumento que también ataca el abogado en su recurso, ya que, "al estar secretas y no conocerlas, difícilmente" puede obstaculizar dichas diligencias.
En su recurso, el abogado de Guerrero pide su puesta en libertad y advierte de que, en caso de no estimar el recurso y una vez se levante el secreto de sumario, "tendrá que excarcelarlo casi de oficio".
SEGUNDO INGRESO EN PRISIÓN
Guerrero fue citado a declarar, junto a otras ocho personas ya imputadas en la causa, dentro de la operación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE, operación que se saldó finalmente con 22 detenidos, cuatro de los cuales ingresaron en prisión.
Se da la circunstancia de que Alaya ya decretó hace un año, en concreto el 10 de marzo de 2012, el ingreso de Guerrero en prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de hasta seis delitos, en concreto sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.
Tras aquella decisión, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social permaneció durante más de siete meses en la cárcel de Sevilla I hasta el día 22 octubre, cuando abandonó la cárcel después de abonar 50.000 euros de fianza.
