El TSJA ha abierto diligencias penales contra el ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero y el exdelegado de Trabajo en Sevilla Antonio Rivas por aprobar el ERE de Mercasevilla "prescindiendo total y absolutamente" del proceso legal.
La sala de lo Contencioso del TSJA, en una sentencia en la que ha tenido acceso Efe, dice que en dicho ERE la autoridad laboral, en este caso Rivas, "habría eludido el control de legalidad, al permitir la inclusión de trabajadores que no reunían los requisitos", y además se "prescindió total y absolutamente" del procedimiento para conceder ayudas o subvenciones directas.
El abogado Juan José Sánchez, que defendió al trabajador Joaquin G.M., ha explicado a Efe que esta denuncia se ha producido en respuesta a la demanda de su cliente, que fue excluido del ERE de Mercasevilla cuando se descubrió el caso de los expedientes fraudulentos financiados por la Junta.
La Consejería de Empleo comprobó entonces que, a fecha de diciembre del 2003, este beneficiario no tenía la edad reglamentaria de 50 años, pero ahora el TSJA dice que fue una decisión que "adolece de un vicio de nulidad de pleno derecho" porque previamente hubo una resolución de la autoridad laboral que sí autorizó su inclusión.
No obstante, constata que "fallaron los controles de legalidad que incumben a la autoridad laboral al incluir a un trabajador que no reunía los requisitos" y que, en consecuencia, la ayuda "sería nula de pleno derecho al prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
"Puestas de manifiesto una vez más las irregularidades de las autoridades laborales, tanto en la autorización del ERE como en la concesión de ayudas sin procedimiento, debe deducirse testimonio para depurar las responsabilidades penales en que hayan podido incurrir" el delegado que aprobó el ERE y el director general que concedió la ayuda, señala el TSJA.
El ex director general Guerrero está encarcelado desde el miércoles pasado, dentro de la nueva investigación sobre las sobrecomisiones en los ERE, tras pasar siete meses en prisión el año pasado, mientras que Antonio Rivas fue condenado a un año y tres meses en el sumario del caso Mercasevilla referente a la petición de una comisión ilegal de 450.000 euros en el mercado central sevillano.
