Siempre he tenido claro que hay que respetar las medidas que adoptan los políticos, confiando en su buen hacer, ya que ellos son los que tienen todos los datos y todas las claves a la hora te decidir. Sin embargo, también pienso que, desde fuera, muchas de las medidas que se proponen tienen una lógica difícil de entender.
Esta semana desde el Ayuntamiento se han propuesto dos acciones que por pueden parecer contradictorias. Por una parte, se propone la privatización del mantenimiento de los jardines de Ronda y, por otra, se anuncia que el consistorio va a recuperar la gestión pública del servicio de grúa municipal. Es difícil defender una cosa y a la vez la contraria, por lo que no se entiende demasiado bien que se asegure que el mantenimiento de los jardines lo debe hacer una empresa privada y la gestión de la grúa sea retirada a los adjudicatarios para que el servicio vuelva a lo público.
Tampoco me explico que se diga que cinco jardineros no son suficientes para mantener todos los espacios ajardinados de la ciudad y se proponga que una empresa lo realice por algo más de 65.000 euros. Y es que haciendo los cálculos podemos comprobar que por el dinero propuesto la nueva empresa no podrá contratar a más de cinco personas para la realización de los trabajos.
Son preguntas que me surgen viendo los datos desde fuera, y no sería malo que los políticos hicieran un esfuerzo de transparencia para intentar que los ciudadanos comprendamos los motivos que les llevan a tomar las medidas adoptadas. No parece lógico que los informes técnicos se queden en las reuniones de los distintos grupos municipales y los rondeños nos quedemos sin conocerlos y sin que se nos expliquen los motivos que llevan a privatizar unos asuntos y a rescatar otros servicios.
La adjudicación del servicio de la grúa siempre fue muy polémico ya que las diferentes empresas consideraban que podían hacer un buen negocio realizando la gestión. Sin embargo, en los últimos años las cosas han cambiado y parece que la empresa que tenía adjudicados los trabajos ha dejado de tener interés. Parece claro que para que el servicio sea rentable hay que garantizar la retirada de un número diario de vehículos, y es aquí donde entran los políticos para decidir la permisividad a la hora de retirar los vehículos mal estacionados.
