Ahora, contra Garzón

La dimisión del ministro Bermejo y el cerco del PP al juez Garzón van a marcar este tramo final de la campaña electoral en Galicia y en el País Vasco. Sobre todo en Galicia, donde la gente de Rajoy espera recuperar la mayoría absoluta perdida por un solo escaño en las elecciones autonómicas de 2005.

El propio hecho de la dimisión aceptada de Bermejo ya respondió a un cálculo electoral del estado mayor de Zapatero. Se trataba de desarmar parcialmente al PP, quitarle un blanco fijo y volverle a dejar frente a sus propios problemas. Todo eso permite anunciar una contraofensiva socialista en base a los marrones del PP y la lucha por la sucesión de Rajoy, que se habían perdido en la polvareda del caso Bermejo. Ahora el ministro ya no está. Mala noticia para Rajoy. Y para los sinvergüenzas que en su partido se mimetizan con el terreno en plena cacería. Y ahora, a por Garzón, el segundo de los cazadores elegidos como piezas abatibles en la montería política del PP. Esa parece ser la estrategia, confirmada con la presentación de una querella, el miércoles por la mañana ante el Tribunal Supremo, contra el juez del caso Gürtel. Eso compensa la pérdida de capacidad de maniobra electoral que al PP le supone la caída del ministro Bermejo, mientras aumenta la del PSOE. Aún así, la cacería contra el otro protagonista de la conjura de los venados, entraña un riesgo muy serio: que al PP le acusen de disparar no contra Baltasar Garzón sino contra el fuero de un juez en el ejercicio de su función jurisdiccional.

De momento, el Consejo General del Poder Judicial ha advertido de que piensa hacer respetar la independencia del juez. El mismo vicepresidente del órgano de los jueces, Fernando de Rosa, nada sospechoso de afinidad socialista, tuvo el otro día el gesto honorable de pedir disculpas por haber sugerido que Garzón podía estar incurriendo en conducta prevaricadora.

Si, a pesar de todo, Rajoy y su gente siguen viendo en Garzón a un juez socialista empeñado en una causa general contra el PP, que imputa a cargos públicos sin ser competente para ello, retransmite en directo un sumario secreto y aprovecha las cacerías para conspirar, está en su derecho de presentar la querella por prevaricación contra el juez. Pero quedará en evidencia si la confirmación de los supuestos delictivos que afectan a cargos públicos del PP acaban demostrando que el problema no era Garzón.