sobrevivir en tiempos de crisis puede ser difícil para un ciudadano español, que reside en Estepona, y que, en los últimos años, tuviese en la construcción su principal fuente de ingresos. Pero sin duda, esta situación es aún más difícil si hablamos de un inmigrante, de nacionalidad argentina, boliviana o marroquí que, después de pasar dos o tres años en nuestro país, se encuentra en la cola del paro, sin ofertas laborales a la vista, a punto de perder su tarjeta de residencia y con una familia a la que mantener. Tampoco puede pagar el alquiler ni tiene dinero para regresar a su país.

Es, según explican en el departamento de Inmigración del Ayuntamiento de Estepona, una de las situaciones que más afectan al colectivo de extranjeros hoy en día y que, en los últimos meses, han centrado el trabajo de esta oficina, que se dedica a asesorar jurídica y sociolaboralmente a los inmigrantes que residen en el municipio.
Aunque la mayoría del trabajo de las cinco personas que componen este departamento se centra en ofrecer información y asesorar a los inmigrantes sobre cómo pueden conseguir una tarjeta de residencia, desde el mes de agosto las consultas sobre qué hacer cuando se pierde el trabajo para mantener el permiso de estancia han registrado un destacado aumento. “La posibilidad de regularizarse ha sido, durante los dos últimos años, lo que más trabajo ha dado; ahora esto ha bajado un poquito, pero están preguntando mucho qué ocurre si no tienen trabajo o cómo pueden conseguirlo.”, indica el asesor jurídico de Inmigración, Raúl Domínguez, que percibe que la información sociolaboral le va ganando terreno a la jurídica.

El empleo es la clave

Y es que los requisitos para renovar la tarjeta de residencia son claros: hay que tener un empleo. Así, el solicitante tendrá que demostrar que ha estado trabajando durante al menos seis meses y que, ahora, sigue en ese puesto o tiene una oferta de empleo. Si no ha llegado a cotizar esos seis meses, tiene la opción de demostrar tres meses de trabajo, aunque entonces, tendrá que probar también que no abandonó de manera voluntaria su primer empleo, que ha buscado un nuevo trabajo activamente y que tiene la posibilidad real de trabajar. Requisitos que, en tiempos de crisis, son aún más complicados. “Lo que ocurre es que se quedan a mitad de camino, no llegan a cotizar esos seis meses o están en el paro”, señala Domínguez, que indica que son esos pequeños detalles los que centran las demandas de los últimos meses, ya que, en caso de no reunir ninguno de esos requisitos, perderían su tarjeta de residencia y quedarían en situación irregular.

Es entonces cuando surge otra consulta, también nueva, entre el colectivo de extranjeros: ¿cómo volver a su país de origen? Según los datos del departamento de Inmigración de Estepona, desde agosto de 2008 los inmigrantes de la localidad se está informando sobre los requisitos del procedimiento para acogerse a lo que se conoce como retorno voluntario. En Estepona, se han realizado cerca de 60 consultas sobre el retorno y 25 informes sociales para el mismo procedimiento. “Vienen diciendo que están pensando en irse y preguntan qué pasaría en ese caso con sus tarjetas, si la pierden, cuánto tiempo pueden pasar fuera”, comenta Raúl Domínguez. Dudas razonables si tenemos en cuenta que, sobre todo, quieren marcharse sin perder los derechos que tanto les costó adquirir a su llegada.

Por eso, las trabajadoras sociales y el asesor jurídico del departamento les explican los tipos de retorno que hay. El primero, conocido como retorno voluntario de inmigrantes desempleados, impulsado por el Gobierno de la Nación, les posibilita cobrar todo el subsidio de desempleo de una vez, a cambio de regresar a sus países de origen; el segundo, mucho más antiguo y auspiciado por la Organización Internacional de Migrantes, sirve de ayuda para aquellas personas que están en riesgo de exclusión social, que atraviesan por una más que precaria situación económica y que se encuentran en situación irregular y sin posibilidad de regularizarse. A estos últimos se les facilita la vuelta a sus países de origen, siempre y cuando se garantice que en su destino sus condiciones de vida no vayan a ser peores.

También es complicada la situación que viven aquellos inmigrantes que no pueden acceder ni a un programa de retorno ni a otro. Son lo que las trabajadoras sociales del departamento llaman ‘familias intermedias’. “Son aquellas familias que están en una situación irregular, que van sacando para subsistir, pero que no tienen dinero para pagar los gastos de un billete de avión para toda la familia y regresar; esos son a los que la administración no da respuesta ni existen recursos para ellos”, explica Mari Carmen Ruíz. En estos casos, sólo les queda reunir el dinero suficiente o que, finalmente, les detenga la policía, se les dicte una orden de expulsión y sean devueltos a su país.

Tramitar alguna de las dos posibilidades de retorno voluntario no es nada fácil y, lo que es peor, puede resultar lento y muy costoso. Además, en el caso del retorno por precariedad económica, el Gobierno hace una selección de todos los casos de España, por lo que beneficiarse de ello es aún más difícil.

También se tienen en cuenta las consecuencias de su partida: como mínimo, se les prohíbe volver al país en los siguientes tres años y si, por ejemplo, habían comenzado a tramitar la nacionalidad española de sus hijos o de ellos mismos, dicho proceso se paralizaría de manera automática.

A pesar de la penosa situación económica que les depara la crisis que se vive en España, y aunque hayan aumentado las consultas sobre la posibilidad de volver a sus países de origen, desde el departamento de Inmigración reconocen que el regreso no está siendo tan demandado como se esperaba. “Retornar solos a su país no les seduce”, explica Mari Carmen Ruiz, “tienen ya a sus familias aquí, se encuentran en edad laboral y no quieren marcharse”. Y es que, como cualquier emigrante, se agarran a la posibilidad de permanecer aquí. “El propio gobierno ha reconocido que el programa de retorno voluntario no funciona como ellos querían; ellos pensaban que se iban a ir y el inmigrante se agarra a España como puede, porque, aquí, en un solo día ganan lo mismo que en su país trabajando todo un mes, entonces, prefieren quedarse”, explica  Domínguez. Ante estos casos, a él y los miembros de su departamento sólo les queda ayudarles a no perder su permiso.

Las visitas rondaron el millar en 2008

El departamento de Inmigración del Ayuntamiento de Estepona, ubicado en las dependencias municpales de la delegación de Bienestar Social, se ha convertido en el centro de referencia de todos los extranjeros que llegan al municipio. Creado en el año 2004, cuando en toda la provincia no existía ninguna oficina similar a la suya, se ha convertido en el punto de partida de este colectivo para empezar su nueva vida en España, incluso, para trámites o consultas que escapan de las manos del personal que lo dirige. “Acuden a nosotros para decirnos que han perdido su equipaje o para empadronarse”, comenta el asesor jurídico, que reconoce que son asuntos que ellos no pueden solucionar, aunque sí les derivan al lugar correspondiente, como la oficina del Consumidor o las dependencias municipales de Puertosol. “Nuestra idea es que vayan a los diferentes puntos del Ayuntamiento como cualquier esteponero”, explica.

En su área de trabajo, la asesoría jurídica y sociolaboral, sí les dan respuesta: tramitar su residencia y permiso de trabajo, lograr reagrupaciones familiares, conseguir la nacionalidad española, información sociolaboral, y ahora, sobre todo, renovar las tarjetas de residencia y trabajo.
Y parece que, en estos aspectos, la respuesta del departamento de Inmigración resulta de mucha ayuda para el colectivo. Prueba de ello son los primeros datos que arroja el balance realizado sobre el año pasado, cuando el número de atenciones rondó el millón, de los cuales el 40 por ciento eran nuevos usuarios. En el mismo periodo, realizaron, además, 257 informes de inserción social, necesarios para solicitar la residencia por arraigo.

No están solos ante  los abusos: los EDATIS  velan por su seguridad

Los inmigrantes son aún más vulnerables a los posibles abusos y desmanes que, especialmente en tiempos de crisis, se producen en las empresas. Pero ni en estos casos se encuentran solos. Una unidad especial de la Guardia Civil, conocida como los EDATI, atiende a los extranjeros en el ámbito laboral y en otros muchos aspectos que les afectan.

En el caso concreto de Málaga, este grupo ha realizado numerosas actuaciones, tanto en asesoramiento como en actuaciones penales contra todos aquellos que intentan abusar de la situación de indefensión del inmigrante irregular, tanto de empresarios que les explotaban en el trabajo como de otros inmigrantes, irregulares o regulares, que abusaban de sus propios compatriotas.
Así, el equipo de agentes que forman este equipo de atención al inmigrante les ofrecen información y asesoramiento sobre los derechos que le asisten, ayuda en la tramitación de su documentación de residencia y supervisión del cumplimiento de la normativa en materia de contratación laboral, al tiempo que sirven de enlace con otros organismos y les orientan sobre actividades que promueven la integración.Un trabajo bien articulado que ponen enpráctica en todos los pueblos de la provincia, que van visitando periódicamente.

Prejuicios

Los EDATIS están, además, sensibilizados con los problemas del inmigrante. Son conscientes de que una persona que abandona su país de origen lo hace movido por una necesidad de mejorar tanto sus expectativas de vida como las de su familia. Y es que, ante todo, esos inmigrantes con los que tratan les han demostrado que buscan un trabajo y una vida más segura, renegando de la falsa creencia de que su objetivo es delinquir.
   
Así, insisten en que los extranjeros que cometen actos delictivos son una minoría no significativa y la mayoría de ellos eran también delincuentes en sus países de origen. El problema es que esta minoría sale en un lugar destacado en los medios de comunicación dando la imagen equivocada de que los delincuentes son mayoría.


Lograr la integración de los extranjeros en la sociedad será la tarea futura del departamento

Durante los primeros años de puesta en funcionamiento del departamento de Inmigración, la regularización de las personas extranjeras ha sido y es la tarea principal a la que se han dedicado las cinco personas que integran la oficina (un asesor jurídico, dos trabajadoras sociales y un administrativo). Sin embargo, el equipo de trabajo fija ya su mirada en el futuro, donde creen, la integración del colectivo inmigrante centrará la atención de éste y otros departamentos similares.

“España, en el tema de la inmigración, ha ido recogiendo, ahora hay que pensar en cómo conseguimos que se integren”, señala Raúl Domínguez, que espera que, con ello, se eviten problemas como los vividos en Francia.
El problema, entienden desde el departamento, es que las familias de extranjeros que llegaron hace años a España, ahora tienen hijos que ni son de su país de origen ni se sienten españoles, por lo que pueden surgir conflictos.

Para evitarlo en lo posible, desde el departamento trabajan desde hace años en campañas de sensibilización y cursos de formación, con lo que también se han convertido en un centro multidisciplinar.