En una noticia de candente actualidad quiero centrar las reflexiones un tanto superficiales y apresuradas que cada semana puedo incluir en el espacio de esta columna periodística.
Se trata de la referida al sorprendente auto dictado por la jueza Alaya –yo creo en la casualidad tanto como en la causalidad– justo el mismo día que tenía lugar la toma de posesión del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía presidido por Susana Díaz. No sé si opinando de este tema me voy a meter en camisa de once varas o en un berenjenal en el que no debiera, pero me arriesgo. Son gajes del oficio. Y digo que me arriesgo porque no soy catedrático de Derecho Procesal, ni muchísimo menos, y, por tanto, puedo meter la pata. En fin, quien tiene boca se equivoca, reza el dicho, y, mal que les pese a algunos, yo la tengo.
Para un servidor el citado auto no hay por dónde cogerlo. Supone la punta del iceberg de una instrucción que puede calificarse de casi perversa y parece –no digo que así sea– más afanada en eternizarse en el tiempo que en poner al descubierto toda la verdad de los hechos que se investigan. Puede afirmarse que es otra evidencia más de las presiones y los manejos a los que determinados sectores detentadores de poder político, económico y social en este país pretenden someter el funcionamiento de la justicia. Un contexto éste en el que se enmarca también lo que meses atrás sucedía con la increíble desimputación de la Infanta en la instrucción del caso Nóos, después de una imputación por la que el juez Castro prácticamente se vio en la obligación de justificarse.
En lo que a la administración judicial se refiere cosas muy raras hemos visto desde mucho antes de lo de la trama Gurtel para acá y me temo que muchas cosas más raras nos quedan por ver en los meses venideros, especialmente –ojalá me equivoque– en casos como el de Bárcenas.
La señora Alaya se ha excedido en sus facultades –ella sabrá por qué– y, lo que es más grave, con su última actuación se ha vuelto a burlar del procedimiento, y de lo que no es el procedimiento también, sólo que esta vez mucho más descaradamente que las veces anteriores. Ha utilizado ardides retóricos impropios de un representante de la magistratura en el ejercicio de su cargo y ha mostrado una vez más su fidelidad a aquella cínica máxima que dejara escrita Jean de La Bruyère hace unos cuantos siglos. “El deber de un juez consiste en hacer justicia; su arte consiste en demorarla”.
Ha imputado sin imputar a Griñán, Chaves y cinco exconsejeros sobrepasándose en sus competencias. Cuando lo que debería haber hecho, si ha encontrado indicios claramente incriminatorios contra estas personas aforadas, es haberse inhibido del asunto de los eres y haberlo trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, si no el Supremo. O, ya que tanto interés tiene en escuchar a los susodichos, haberlos obligado a comparecer como testigos.
Ahora bien, dicho esto, a mí me parece bueno –y no es la primera ocasión en la que lo afirmo– que se depuren responsabilidades, y que se depuren hasta las últimas consecuencias, en un asunto en el que resulta evidente que ha habido malversación de fondos públicos. De manera que si los expresidentes de la Junta tienen que dar cuenta, pues que la den. Es más, me alegro. Y, desde luego, si yo estuviera en la misma situación en la que se encuentran estos ex altos cargos del gobierno andaluz, no dudaría ni un solo segundo en comparecer ante la jueza voluntariamente.
Como dijo no sé quién, para chulerías, las mías…
