El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, otorgó al menos 7,5 millones de euros a la agrupación de trabajadores afectados por un ERE del Grupo Joly y sacó el dinero de la tristemente famosa partida 31L, calificada por él mismo como el “fondo de reptiles” existente en la Consejería de Empleo y que investiga la jueza Mercedes Alaya en este escándalo de corrupción. Guerrero escribió una carta al presidente del grupo periodístico, José Joly, en que daba implícitamente su aprobación al ERE que debía incluir a un colectivo de entre 30 y 35 trabajadores mayores de 52 años, ya que garantizaba la concesión de ayudas sociales a los mismos, que así salieron de forma pacífica de la empresa y permitiendo importantes ahorros económicos al editor de Diario de Cádiz y Diario de Sevilla, entre otros medios.
La dirección del Grupo Joly, presidido por José Joly Martínez de Salazar, mantuvo reuniones con la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía, cuyo titular era entonces Francisco Javier Guerrero, para acordar previamente el ERE que le permitiera ahorrarse los elevados costes laborales que representaban 36 trabajadores veteranos de Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Europa Sur, Federico Joly y Cía, Ingrasa y Joldis.
Según la carta de Guerrero a José Joly, a la que ha tenido acceso Viva, el entonces director general de Trabajo de la Junta de Andalucía expresó por escrito su “compromiso de apoyo al plan de racionalización y modernización” del referido Grupo empresarial y estimó que el importe de las ayudas sociales a los trabajadores que salieran como consecuencia de un ERE se situaría en el entorno de entre 6.500.000 euros y 7.000.000. El dinero acabaría saliendo de la partida 31L, conocida como “fondo de reptiles”, y sirvió para conseguir la paz social en el seno del Grupo Joly mediante la misma fórmula utilizada en otros EREs, como el de los mineros de la Faja Pirítica de Huelva, de financiar una póliza de seguro a la agrupación sociolaboral que debían constituir los trabajadores despedidos.
Estos, conforme a la práctica establecida, constituyeron la denominada “Asociación Trabajadores de la Prensa de Cádiz”, con CIF G-11831039 y domicilio social en la calle Francia del Polígono El Trocadero de Puerto Real, que coincide con el de Industrias Gráficas Gaditanas (Ingrasa), del Grupo Joly.
El proceso negociador con la plantilla se inició formalmente en enero de 2004, se llegó a un acuerdo preliminar en mayo y se suscribió el definitivo el 26 de octubre de ese mismo año para extinguir el contrato de 36 trabajadores, acuerdo del que se dio traslado por parte del Grupo Joly el día siguiente a la Delegación Provincial de Empleo en Cádiz, para su correspondiente aprobación.
Protocolo para el dinero
El mismo día 26 de octubre el entonces director general de Trabajo y el representante de los trabajadores que iban a ser despedidos, agrupados ya en la “Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz”, firmaron en Sevilla un Protocolo de Colaboración. En virtud del mismo, la Junta de Andalucía se comprometía a abonar a través de la asociación -para la contratación por ésta en calidad de tomador- una póliza de seguro colectivo de vida modalidad de rentas (se acabaría suscribiendo con Seguros La Estrella) y a beneficio de los 36 despedidos, por valor de 7.597.247,65 euros, a pagar en los siguientes plazos:
-30 de abril de 2005: 2.500.000 euros.
-30 de abril de 2006: 2.500.000 euros.
-30 de abril de 2007: el resto (teóricamente, 2.597.247,65 euros).
En el Protocolo firmado por ambas partes se especifica claramente que la cuantía se financiará con cargo a la partida presupuestaria 01.13.00.01.00.440.51.031L, conocida luego como “el fondo de reptiles”, tras estallar el escándalo de los EREs que investiga la jueza Alaya.
Un “plan social”
La sintonía entre el Grupo Joly, los 36 trabajadores incluidos en el ERE y el entonces director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, era total, ya que en los documentos que se cruzan todas las partes se refleja, prácticamente calcado, el mismo argumentario para tratar de justificar la aprobación por la Junta de Andalucía del ERE extintivo y la concesión de casi 7,6 millones de euros bajo la forma de ayuda sociolaboral que facilitó los despidos sin conflicto laboral alguno ni protestas de los trabajadores.
Estos despidos se presentan bajo el término “Plan Social”, para justificar que en éste se contemplara “un ambicioso proyecto de ampliación de plantilla laboral que se ha venido poniendo en práctica en los últimos tiempos”, pero con la paradoja de que la expansión geográfica y de actividades de Joly en el ámbito andaluz precisara de “ciertas medidas de ajuste” que tenían que afectar a 36 trabajadores, “sin perjuicio -se decía- de que se contemplen en el propio Plan compromisos específicos de contratación laboral futura”.
Así, gracias al ERE a través del “fondo de reptiles” mediante los más de 7,5 millones en ayudas sociolaborales, Joly se desprendió de 36 trabajadores experimentados y cualificados -entre ellos, hasta el director y un redactor jefe de Diario de Cádiz- y con altas remuneraciones, ya que en conjunto acumulaban 1.014 años de antigüedad en la empresa, a una media de 28 años cada uno, a cambio de comprometerse con la Junta a contrataciones laborales futuras -a sueldos inferiores-, contrataciones que en el balance global del grupo no han compensado los continuos despidos.
Cuando el 27 de octubre de 2004 el Grupo Joly presentó ante la Delegación Provincial de Empleo en Cádiz el ERE extintivo para estos 36 trabajadores, reconocía por escrito que la plantilla ascendía a 687 personas en toda Andalucía. Desde entonces ha procedido al despido de decenas de trabajadores en las empresas del Grupo.
Ingotor, aseguradora de la trama, fue la mediadora
La póliza de seguro colectivo número 5-83-190.001.173, suscrita con la compañía La Estrella -tras su fusión con Vitalicio operaría con la marca Generali-, fue el instrumento utilizado para el pago de la “ayuda sociolaboral” comprometida por el entonces director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, con el Grupo Joly para los trabajadores que se incluyeran en el ERE, para lo cual éstos debían constituirse en asociación. Su presidente la firmó en Madrid el 2 de diciembre de 2004.
Pese a que, según revela la carta de Guerrero a José Joly, las negociaciones se habían mantenido entre la Dirección General de Trabajo de la Junta y el grupo editorial gaditano, en la póliza del seguro colectivo se incluyó como mediador a la empresa Ingotor S.L., cuyo socio único era José González Mata, a su vez administrador único de Uniter, aseguradoras ambas involucradas en la trama de los ERE que investiga la jueza Mercedes Alaya.
En el auto judicial por el que ésta envió a la cárcel a González Mata aseveraba que el empresario participó entre 2001 y 2010 en la “utilización ilegítima de fondos públicos mediante el concierto necesario” con los responsables de la Consejería de Empleo de la Junta.
La participación de González Mata consistiría, según la juez Alaya, en “provocar la concesión de las ayudas públicas a determinadas empresas que estuvieran interesadas en sus servicios, que luego serían financiados por la Junta; en influir y aprovecharse de la ausencia de licitación pública; y, fundamentalmente, en las comisiones que, como agente de seguros, pactaba con la Junta de Andalucía, muy por encima de la media del mercado….”
Según un informe provisional de la Dirección General de Seguros, la compañía Generali (nombre con el que tras su fusión con Vitalicio opera La Estrella, aseguradora en la operación del Grupo Joly) pagó a Ingotor y Uniter en relación con pólizas sociolaborales financiadas por la Junta de Andalucía la cantidad de 21,6 millones de euros, de los cuales más de la mitad (13,3 millones) eran comisiones superiores a la media del mercado.
Entre 2001 y 2010, Uniter, Ingotor y Cureña cobraron 32,9 millones, por lo que la juez Alaya calcula que las sobrecomisiones percibidas por González Mata, socio único de Ingotor, serían del entorno de 20 millones de euros.
