Los perceptores de la Renta Básica, que será incluida como derecho en la futura ley de Inclusión Social de Andalucía, deberán adquirir el compromiso de pasar por un itinerario de formación laboral con el objetivo de salir de su situación de exclusión. 


Así lo anunció en una entrevista con Efe la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, quien señaló que la Renta Básica "no es sólo ampliar" una prestación como la que hay en este momento, el conocido como Salario Social, sino que además supondrá el reconocimiento de un derecho en función de unas determinadas circunstancias económicas. 


"En un estado de derecho tiene que haber derechos y deberes, un nivel de compromiso, ya que el dinero que se destina para cualquier prestación proviene de los impuestos que paga la población", razonó la consejera. 


De hecho, el anteproyecto de ley de Inclusión Social, que llegará al Parlamento andaluz para su debate el próximo mes de junio, prevé que los perceptores de la renta básica deberán "comprometerse" a realizar una itinerario de formación laboral que le facilite instrumentos y posibilidades para salir de la situación de exclusión social, concretó Navarro. 


Igualmente, estará condicionada al cumplimiento de un convenio de inserción con medidas educativas, formativas, sanitarias, sociales y de vivienda. 


La Renta Básica podrá concederse a las personas titulares de familias con ingresos mensuales inferiores al 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 374 euros, que sean mayores de 18 años y que estén empadronadas en Andalucía al menos con 24 meses de antelación a la solicitud. 


La prestación, revisada periódicamente, se incrementa un 8% por cada miembro de la unidad familiar distinto de la persona solicitante hasta una cuantía máxima equivalente al 100% del IPREM. 


La prestación supondrá una mejora sobre el actual Salario social, ya que si éste es el 62% del Salario Mínimo Interprofesional, aquélla supone el 75%. 


Andalucía, que es la comunidad con más perceptores de salario social por detrás del País Vasco, contabiliza una media de 18.000 ayudas al año. 


Micaela Navarro expuso que el mero hecho de que estas personas reciban sólo la prestación "no cambiará" su situación, de ahí -ha agregado- la importancia de se produzca una "sinergia" entre las medidas educativas, sanitarias o laborales. 


No obstante, explicó que la futura ley regulará los plazos y el tiempo percepción de esta renta que -en su opinión- "no puede ser indefinida". 


"Yo diría que es una ley de absoluto sentido común, elaborada por expertos y colectivos que trabajan en los servicios sociales comunitarios", destacó la consejera, que confió en que sea consensuada por los distintos grupos en la Cámara autonómica. 


Además, el anteproyecto de ley de Inclusión Social establece la la colaboración con las corporaciones locales como responsables de los servicios sociales comunitarios, para lo que se creará el Consejo Andaluz de la Inclusión Social, en el que estarán los ayuntamientos, la Junta y representados los agentes sociales y las organizaciones de voluntariado que trabajan en este campo.