La política penitenciaria en relación a los presos de ETA debe de ser considerada como un instrumento más de los que dispone el Gobierno en la lucha antiterrorista. Ninguna disposición de nuestro ordenamiento jurídico establece que los presos de la banda terrorista tengan que cumplir sus penas en cárceles cercanas a sus lugares de origen o residencia. Tan legal es que estén a 100 como a 800 kilómetros de San Sebastián, de Bilbao o de Vitoria. Y las penas por sus crímenes se pueden cumplir igual en la cárcel canaria de Salto del Negro o en la guipuzcoana de Villabona. Por tanto, los alejamientos o acercamientos de presos de ETA con respecto a establecimientos penitenciarios del País Vasco es algo que la ley deja a la libre decisión del Gobierno de turno.
La cuestión de fondo es que la política penitenciaria tiene que servir para buscar la derrota de la banda terrorista ETA y no para otra cosa. Ante los últimos acercamientos de presos de ETA decididos por el Ministerio del Interior a la cárcel zaragozana de Zuera, la duda razonable que se plantean los ciudadanos y, especialmente, muchas víctimas del terrorismo, es ¿por qué se hace ahora? La falta de credibilidad del actual Gobierno, de su presidente José Luis Rodríguez Zapatero y de su ministro del Interior en todo lo referido a la lucha antiterrorista tiene su origen en la legislatura anterior, cuando Zapatero estableció un proceso de negociación política con ETA que acabó como el rosario de la aurora, y perdón por la metáfora. Un proceso durante el cual, tanto el presidente como Rubalcaba mintieron descaradamente a la opinión pública y, claro, ésta ahora no se fía del todo de las intenciones del Ejecutivo.

Es verdad que, aparentemente, la política antiterrorista del Gobierno parece que ha cambiado desde que ETA puso fin a la “tregua” y volvió a matar. Pero también es verdad que no acaba de dejar de flotar en el ambiente la sospecha de que si pudiera, Rodríguez Zapatero volvería a intentar otro proceso de diálogo/negociación con la banda terrorista. Esa opinión era hace sólo dos meses la del presidente de los socialistas vascos y hombre clave en el anterior “proceso de paz”, Jesús Eguiguren, que así lo expresó públicamente en unas declaraciones periodísticas. Para disipar todas esas dudas y desconfianzas, nada mejor que los hechos.

Y en este terreno hay que decir que la reacción rápida y contundente del PSE, a través de su portavoz, Rodolfo Ares, diciendo que en cuanto lleguen al Gobierno vasco pondrán todos los medios para anular la ayuda de 225.000 euros a familiares de presos de ETA que el lehendakari en funciones, Juan José Ibarretxe, ha decidido conceder antes de abandonar Ajuria-Enea, va en la buena dirección. Mucho va a tener que aplicarse el nuevo lehendakari, Patxi López, para cambiar tantas cosas que hay que cambiar en el País Vasco, siendo una de las más urgentes y necesarias la deslegitimación social y política de los terroristas y de quienes les apoyan. Aunque sólo fuera por eso, merecería la pena el acuerdo del PSE y del Partido Popular.