"Me está gustando lo de ser famoso", dijo el detenido al salir de la vivienda

La Policía Nacional registra con una orden judicial y en estos mismos momentos el domicilio del funcionario detenido por un presunto delito de malversación de fondos públicos, ubicado en la zona de Camposoto, en busca de pruebas que consoliden una acusación. 

Precisamente esa supuesta falta de consistencia de las acusaciones y la constancia de que no eran los únicos que tenían acceso a la Caja es lo que está retrasando que los imputados pasen a disposición judicial, algo que tampoco han hecho esta mañana a pesar de que se daba prácticamente por hecho.

En sus declaraciones arrojan dudas sobre la cuantía del presunto desfalco y aseguran que el problema "viene de años atrás" sin que hasta ahora se haya hecho nada por corregirlo. Y que se trata de un problema "millonario".

Mientras tanto se insiste en que ha sido la Cámara de Cuentas la que ha dado la voz de alarma al comprobar que no cuadraban los números en el transcurso de la auditoría que está realizando en las dependencias municipales.

Por cierto, el detenido, tras el registro en su domicilio yantes de entrar en el coche policial, dijo que "me está gustando esto de ser famoso", lo que pudo ser oído por los periodistas.

Ayer
La Policía Nacional que investiga la presunta malversación de fondos por parte de dos funcionarios municipales de la Delegación de Economía y Hacienda registró en la mañana de ayer el domicilio de M.J.L. de C., la cajera detenida, con el consentimiento expreso de ésta y sin necesidad de orden judicial, no encontrándose nada en el interior del inmueble, según ha podido conocer este periódico de fuentes cercanas a la imputada. 

Por contra, el otro cajero, C.R.G., que además de trabajar en el Ayuntamiento tiene una inmobiliaria en la calle San Marcos, se excusó en su derecho a no declarar. Sí lo hicieron en la mañana de ayer el interventor municipal, José Antonio López Fernández y la tesorera, María de las Virtudes Gómez Montero, mientras que por la tarde lo hacían algunos empleados municipales. Según ha podido saber este periódico, se ha llegado a declarar que no se hacía arqueo cotidiano como debería ser lo normal. 

Ya se van conociendo otros detalles de la operación, toda vez que el Ayuntamiento se ha convertido en un hervidero e incluso algunos compañeros de los detenidos hacían amago de lanzar un comunicado de apoyo, cosa que al final no hicieron, mientras que los sindicatos municipales han estado presentes en la comparecencia del alcalde, aunque sólo como testigos y sin querer hacer declaraciones. 

Por ejemplo, que el interventor puso en conocimiento del alcalde las presuntas irregularidades detectadas a las dos de la tarde y que la detención de los dos imputados se produjo a las cuatro. Según ha podido saber este periódico, los detenidos ya sabían lo que iba a ocurrir porque nunca les habían pedido que se quedaran trabajando por encima de la jornada laboral.

Comparecencia oficial
Ayer, de todas formas y una vez que los detenidos no pasaron a disposición judicial, la atención se centró en si será necesaria la presencia de una unidad especializada en delitos económicos procedente de Sevilla -aspecto no confirmado-, y en la primera comparecencia del alcalde, Manuel María de Bernardo. 

El alcalde reconoció que el descubrimiento de la presunta malversación de fondos públicos ha coincidido con la inspección de oficio que la Cámara de Cuentas de Andalucía está haciendo en el Ayuntamiento, aunque aseguró que han sido los funcionarios municipales los que averiguaron la irregularidad y la pusieron en conocimiento de los técnicos de la Cámara y no al revés, como se ha publicado en algún medio de comunicación. 

A pesar de esa afirmación, que aclaró de nuevo en el mismo sentido ante la insistencia de este periódico, la Cámara de Cuentas dice que la investigación se inició a raíz de que este organismo detectara que las cuentas no cuadraban en la Caja, según una información recogida por Europa Press, tras lo que se puso en conocimiento del interventor.

Puede ser más
Independientemente de esa divergencia de opiniones, De Bernardo reconoció que la cuantía que haya podido desaparecer de las arcas públicas puede ser superior, habida cuenta de que hasta ahora sólo se han investigado tres meses, aunque sin aportar cifras aproximativas a la espera de cómo transcurran las investigaciones. 

El alcalde pidió comprensión porque algunos detalles no se puedan explicar en estos momentos, al ser parte de la investigación, como el modus operandi, aunque hay “ligeras sospechas” de cómo se ha estado malversando el dinero, y en cuanto a la posibilidad de que otras personas tuvieran acceso a la caja, se limitó a decir que la Policía ha considerado por ahora que sólo esas dos personas pueden estar involucradas.

Un dato raro
Ahí se da un nuevo dato, como mínimo, raro, toda vez que la Policía no suele creer nada a priori y que por otra parte, los nombres de los dos imputados eran los únicos que se incluían en el informe firmado por el interventor y la tesorera y que daba pie a la denuncia. O sea, que no es cuestión de lo que la Policía haya considerado, sino que eran los únicos acusados por el Ayuntamiento. 

Sobre el hecho de que hubiera en la caja tanto dinero en efectivo, el alcalde aclaró que en estos primeros meses del año se están depositando las fianzas de las obras del Fondo Estatal de Inversión Local, por lo que podía haber más líquido del habitual, aunque el alcalde dijo que no podía aportar datos sobre una cantidad media de fondos, ya que eso depende de muchas circunstancia. “La caja está viva”, dijo gráficamente para explicar que está sujeta a los cobros y pagos habituales en el Consistorio.

Posición oficial
Eso era en las respuestas del alcalde a los medios de comunicación, después de que de Bernardo hiciera la declaración oficial en la que aseguró que el Ayuntamiento ha actuado “de inmediato”. Una vez conocido el informe de los servicios económicos municipales reflejando las supuestas irregularidades en la Caja municipal, “dí orden inmediata para que se pusieran los hechos en conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía”, convocando luego a la Junta de Portavoces y al Gobierno, como ya informaba este periódico ayer. 

El alcalde mostró su “total confianza” en la investigación policial y, en su caso, el proceso judicial que se inicie y la seguridad de que se llegará hasta el final para conocer el alcance del delito. “En consecuencia, he dado las instrucciones oportunas para que se faciliten cuantas declaraciones y documentación, etc. sea necesario”. 

Afirmó que se han puesto en marcha las medidas administrativas que corresponden al Ayuntamiento y que todos los trabajadores y servicios municipales están trabajando para facilitar todo lo que sea necesario para la investigación en aras del esclarecimiento más rápido posible de los hechos.

Defensa de los funcionarios
“Como alcalde, quiero hacer una firme declaración sobre la honorabilidad de los hombres y mujeres que integran la plantilla de este Ayuntamiento, de los trabajadores municipales, siendo los propios funcionarios municipales quienes han alertado de estas presuntas irregularidades”, dijo el alcalde en su comparencia. 

Una auditoría general
El portavoz del Partido Socialista, Fernando López Gil, dio ayer su visto bueno a la postura del equipo de Gobierno una vez que se conoció la presunta malversación de fondos por parte de dos funcionarios municipales, aunque manifestó que la situación creada da pie a pedir que se haga una auditoría del Ayuntamiento para intentar aclarar las cuentas públicas y llevar la tranquilidad a los ciudadanos. 

El portavoz de la oposición fue informado el miércoles por la tarde junto a los demás portavoces. Para López Gil, hay que saber si se trata de un caso aislado o hay algo más. Los dos detenidos, cajeros municipales, hombre y mujer, que responden a las iniciales C.R.G. y M.J.L. de C., permanecían en los calabozos de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y posiblemente en la mañana de hoy pasen a disposición judicial. La denuncia, por un delito de malversación de fondos en una cuantía de 468.723 euros, fue presentada a instancias del Ayuntamiento basada en un informe del interventor y la tesorera municipales.