Más del 90% de los secretarios judiciales apoyaron el paro
El colectivo muestra su solidaridad con la familia de Mari Luz y denuncia el ?colapso? judicial en Huelva
Un total de 24 secretarios judiciales de los 26 existentes en la capital respaldaron ayer el paro nacional convocado en protesta por la sanción impuesta a la secretaria del juez de Instrucción número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, Juana Gálvez, por no ejecutar una sentencia contra el presunto autor de la muerte de la pequeña Mari Luz Cortés.
El secretario del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Huelva, David Vázquez Prieto, mostró la “solidaridad” del colectivo con la familia de la pequeña y explicó que el paro también se produce para “aclarar” a la opinión pública que con los medios con los que cuenta la Administración de Justicia “se les va de las manos muchos de los asuntos que tienen pendientes en los juzgados”.
En este sentido, el portavoz apuntó que tanto el Ministerio como el Gobierno “han dejado de efectuar las reformas procesales establecidas en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 2003 que imponía la creación de las nuevas oficinas judiciales, que actualmente no existen, ni la distribución de competencias entre los jueces y los secretarios judiciales”. Además, según indicó el secretario, la Junta de Andalucía hace una inversión anualmente “escasa”, por lo que se carece “de muchos medios, tanto materiales como personales, y de sistemas informáticos adaptados a las nuevas tecnologías”.
Por otro lado, Vázquez aseguró que los secretarios “no tienen la competencia de llevar la ejecutoria”, ya que ellos “no tienen atribuida la competencia para llevar ninguna ejecución”, lo cual “está previsto en la Ley Orgánica, pero aún no se han llevado a cabo las reformas procesales, ni la reforma de enjuiciamiento criminal ni civil, ni se han creado las oficinas judiciales”.
En este contexto, aseguró que no se puede tomar “como cabeza de turco a una persona por una simple actuación y adoptar una resolución sancionadora en exceso, ya que a cualquier funcionario le puede pasar porque muchas cuestiones se escapan del control del secretario, del juez y de cualquier funcionario porque las aplicaciones no están adaptadas a las nuevas tecnologías”.
Así, el secretario aseguró que el panorama en Huelva es “igual que en toda España” , ya que las plantillas de los juzgados “llevan 10 años sin aumentar” y la entrada de asuntos en estos años se habrá “cuadriplicado”, por lo que se prevé que de aquí a dos o tres años el panorama estará “colapsado”. En este sentido, Vázquez dijo que este año, el Juzgado de lo Civil de Primera Instancia, supera “ya el 160 por ciento de lo que establece el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”.
Por último, Vázquez en nombre de los compañeros mostró su “mayor solidaridad” con la familia Cortés, y apuntó que la Justicia “caerá con el mayor rigor hacia la persona responsable efectiva de lo que le ocurrió a Mari Luz”.
Los secretarios judiciales de toda España -en un paro cifrado en el 73% por el Ministerio y en el 85-95% por los convocantes- pidieron ayer el cese del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, solicitaron inversiones para Justicia y propusieron un nuevo paro el próximo mes si la situación sigue igual.
Rechazo a las injerencias políticas y a la sobrecarga
La Junta de Jueces de Huelva, que al igual que en el resto de España se reunió ayer para protestar por las injerencias políticas en la judicatura a raíz del caso Mari Luz, mostró su rechazo “a las constantes intervenciones de los políticos en las facultades disciplinarias que competen al Consejo General del Poder Judicial”, y destacó que “estas críticas pretenden ocultar la responsabilidad del poder político en la carencia de medios”. En este sentido, los jueces onubenses denunciaron la “sobrecarga” que padecen los órganos judiciales y las “penosas” condiciones en las que se desarrolla el trabajo, por lo que junto a los jueces de toda España anunciaron que “si en un mes no hay avances, no se descarta llegar a la huelga para dignificar la Justicia”.
Bermejo acusa a los jueces de “presionar” al CGPJ
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, acusó ayer a los jueces de querer presionar al CGPJ para que no cambie la sanción impuesta al juez del caso Mari Luz y subrayó que “si alguien pretende ser intocable, no lo va a conseguir”. "En un Estado de Derecho, cuando se incurre en una negligencia tan grave, funcionan los mecanismos y se sanciona”, apuntó. El titular de Justicia considera “inexplicable” que los jueces protagonicen un paro, puesto que defendió que su concepto del Poder Judicial es “bastante más elevado” como para entrar en ese tipo de dinámicas.
Respecto a la huelga de los secretarios judiciales, el ministro recalcó que en este ámbito existe “un movimiento corporativo difícilmente explicable”.
El PP pide fondos y la Junta “deslindar” el caso Mari Luz
El PP exigió ayer a la Junta de Andalucía un paquete urgente de medidas para mejorar el funcionamiento de la Justicia en la comunidad, al entender que la protesta que han protagonizado los secretarios y jueces es un “serio toque de atención que no puede pasar desapercibido” y que debe obligar al Ejecutivo andaluz a dejar de estar “con los brazos cruzados”.
Por su parte, el portavoz del Gobierno de la Junta, Enrique Cervera, exigió “deslindar” el debate sobre las distorsiones que puedan existir en el funcionamiento ordinario de la Justicia de la responsabilidades concretas en las que puedan incurrir jueces o funcionarios, en concreto en el caso de la pequeña Mari Luz, y pidió un debate “tranquilo y racional”.
El secretario del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Huelva, David Vázquez Prieto, mostró la “solidaridad” del colectivo con la familia de la pequeña y explicó que el paro también se produce para “aclarar” a la opinión pública que con los medios con los que cuenta la Administración de Justicia “se les va de las manos muchos de los asuntos que tienen pendientes en los juzgados”.
En este sentido, el portavoz apuntó que tanto el Ministerio como el Gobierno “han dejado de efectuar las reformas procesales establecidas en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 2003 que imponía la creación de las nuevas oficinas judiciales, que actualmente no existen, ni la distribución de competencias entre los jueces y los secretarios judiciales”. Además, según indicó el secretario, la Junta de Andalucía hace una inversión anualmente “escasa”, por lo que se carece “de muchos medios, tanto materiales como personales, y de sistemas informáticos adaptados a las nuevas tecnologías”.
Por otro lado, Vázquez aseguró que los secretarios “no tienen la competencia de llevar la ejecutoria”, ya que ellos “no tienen atribuida la competencia para llevar ninguna ejecución”, lo cual “está previsto en la Ley Orgánica, pero aún no se han llevado a cabo las reformas procesales, ni la reforma de enjuiciamiento criminal ni civil, ni se han creado las oficinas judiciales”.
En este contexto, aseguró que no se puede tomar “como cabeza de turco a una persona por una simple actuación y adoptar una resolución sancionadora en exceso, ya que a cualquier funcionario le puede pasar porque muchas cuestiones se escapan del control del secretario, del juez y de cualquier funcionario porque las aplicaciones no están adaptadas a las nuevas tecnologías”.
Así, el secretario aseguró que el panorama en Huelva es “igual que en toda España” , ya que las plantillas de los juzgados “llevan 10 años sin aumentar” y la entrada de asuntos en estos años se habrá “cuadriplicado”, por lo que se prevé que de aquí a dos o tres años el panorama estará “colapsado”. En este sentido, Vázquez dijo que este año, el Juzgado de lo Civil de Primera Instancia, supera “ya el 160 por ciento de lo que establece el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”.
Por último, Vázquez en nombre de los compañeros mostró su “mayor solidaridad” con la familia Cortés, y apuntó que la Justicia “caerá con el mayor rigor hacia la persona responsable efectiva de lo que le ocurrió a Mari Luz”.
Los secretarios judiciales de toda España -en un paro cifrado en el 73% por el Ministerio y en el 85-95% por los convocantes- pidieron ayer el cese del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, solicitaron inversiones para Justicia y propusieron un nuevo paro el próximo mes si la situación sigue igual.
Rechazo a las injerencias políticas y a la sobrecarga
La Junta de Jueces de Huelva, que al igual que en el resto de España se reunió ayer para protestar por las injerencias políticas en la judicatura a raíz del caso Mari Luz, mostró su rechazo “a las constantes intervenciones de los políticos en las facultades disciplinarias que competen al Consejo General del Poder Judicial”, y destacó que “estas críticas pretenden ocultar la responsabilidad del poder político en la carencia de medios”. En este sentido, los jueces onubenses denunciaron la “sobrecarga” que padecen los órganos judiciales y las “penosas” condiciones en las que se desarrolla el trabajo, por lo que junto a los jueces de toda España anunciaron que “si en un mes no hay avances, no se descarta llegar a la huelga para dignificar la Justicia”.
Bermejo acusa a los jueces de “presionar” al CGPJ
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, acusó ayer a los jueces de querer presionar al CGPJ para que no cambie la sanción impuesta al juez del caso Mari Luz y subrayó que “si alguien pretende ser intocable, no lo va a conseguir”. "En un Estado de Derecho, cuando se incurre en una negligencia tan grave, funcionan los mecanismos y se sanciona”, apuntó. El titular de Justicia considera “inexplicable” que los jueces protagonicen un paro, puesto que defendió que su concepto del Poder Judicial es “bastante más elevado” como para entrar en ese tipo de dinámicas.
Respecto a la huelga de los secretarios judiciales, el ministro recalcó que en este ámbito existe “un movimiento corporativo difícilmente explicable”.
El PP pide fondos y la Junta “deslindar” el caso Mari Luz
El PP exigió ayer a la Junta de Andalucía un paquete urgente de medidas para mejorar el funcionamiento de la Justicia en la comunidad, al entender que la protesta que han protagonizado los secretarios y jueces es un “serio toque de atención que no puede pasar desapercibido” y que debe obligar al Ejecutivo andaluz a dejar de estar “con los brazos cruzados”.
Por su parte, el portavoz del Gobierno de la Junta, Enrique Cervera, exigió “deslindar” el debate sobre las distorsiones que puedan existir en el funcionamiento ordinario de la Justicia de la responsabilidades concretas en las que puedan incurrir jueces o funcionarios, en concreto en el caso de la pequeña Mari Luz, y pidió un debate “tranquilo y racional”.
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