El proyecto para unir la Glorieta y San Carlos ni siquiera llega a papel mojado

El proyecto urbanístico que el Ayuntamiento pretende poner en marcha en la antigua estación de Renfe en la Glorieta y que tiene como misión unir las dos zonas de la ciudad ahora separadas por la vía del tren, está parado por divergencias entre el Ayuntamiento y la Junta, lo que impide la firma del protocolo. 

El problema estriba en que la Junta de Andalucía no estaba de acuerdo con su participación en el proyecto, que consideraba escasa, por lo que quedó con el alcalde isleño, Manuel María de Bernardo, en mandarle una alternativa a la propuesta municipal. 

El parón en el procedimiento lo daba a conocer De Bernardo al dar cuenta de la carta enviada al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Espadas Cejas, en la que muestra la “preocupación” en relación al Protocolo que deben suscribir el Ministerio de Fomento, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de San Fernando y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para la Infraestructura Viaria y Ferroviaria en San Fernando para la creación de la plataforma sobre la vía del tren y la autovía CA-33. 

Ya el pasado mes de febrero envió el alcalde otra carta en la que le exponía la inquietud por el retraso de esta actuación, incluida en la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 

En la carta de febrero le explicaba que para garantizar la viabilidad de la operación, el Ayuntamiento consensuó en diciembre de 2005 con el Ministerio de Fomento y ADIF un borrador de convenio con una propuesta de ordenación para ese ámbito, que fue remitido a la Junta, cuya participación se incluía.

Desde junio de 2006
Es entonces cuando el alcalde hace mención a la última reunión mantenida con un responsable de la Junta, en junio de 2006, en la que se trató el citado borrador de convenio. En aquel encuentro, la Consejería de Obras Públicas -según el alcalde- se comprometió a presentar una alternativa con mayor participación de la Junta al no estar conforme con los parámetros urbanísticos que se establecieron así en la revisión del PGOU con el objetivo de garantizar la viabilidad urbanística y económica, de iniciativa y capital mayoritariamente público. 

“No obstante, este Ayuntamiento mostró su disposición a estudiar todas las alternativas que esa consejería presentase a la propuesta incluida en el borrador de convenio”, dice el alcalde.
Desde entonces, el Ayuntamiento viene reclamando la presentación de la alternativa mediante escritos remitidos en septiembre de 2006 y en enero de 2007 a la anterior consejera, así como en las reuniones celebradas posteriormente con el hasta ahora consejero de Obras Públicas, Luis García Garrido, según la carta del alcalde isleño. 

Este mismo asunto se volvió a abordar, precisamente, en julio de 2008 durante una reunión mantenida con el director general de Vivienda y Arquitectura y el delegado provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio en la sede de la Delegación Provincial. 

En enero de 2008, la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas envió al Ayuntamiento un escrito sugiriendo modificaciones a los parámetros urbanísticos pero sin presentar una alternativa al convenio que garantice la viabilidad de la actuación, como así se había comprometido esa Consejería. 

Desde entonces se le ha solicitado, primero, a la Delegación Provincial de Obras Públicas y, luego, una vez asumida las nuevas competencias, a la Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, la convocatoria de una reunión técnica para abordar las sugerencias técnicas planteadas, ya que en esta operación participan también el Ministerio de Fomento y ADIF, sin que hasta la fecha haya sido atendida la petición municipal.