Secretarios piden medios, personal y otro juzgado de Vigilancia Penitenciaria

Los seis secretarios judiciales que desarrollan su labor en los juzgados portuenses se solidarizaron ayer con su compañera del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Juana Gálvez, sancionada por el Ministerio de Justicia con suspensión de empleo y sueldo por dos años a raíz del caso Mari Luz. Los trabajadores respaldaron el llamamiento a un paro de tres horas (de diez a una de la tarde) realizado por la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) y el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ) y aprovecharon para dejar constancia de las necesidades que tienen las dependencias portuenses.
María de los Ángeles Palacios y Moisés García, que actuaron como portavoces, creen urgente una mejora de los medios materiales y humanos de los juzgados para beneficio de los ciudadanos. Como muestra del colapso que sufren a causa de la ingente cantidad de trabajo que deben soportar los secretarios judiciales, señalaron que cada uno puede tramitar unos 300 procedimientos hasta que se dicta sentencia porque, después, queda por vigilar su ejecución. “Los mismos funcionarios deben llevar no sólo la fase declarativa sino también la ejecutoria”, lo cual es materialmente imposible, porque además tienen que atender a los ciudadanos, asistir al juez...
Sostienen que la función del secretario judicial es desconocida para la gran mayoría,  y de ahí pueden derivarse errores en cuanto a responsabilidades del mal funcionamiento de la Justicia que es “consecuencia de unas deficientes políticas” de la Administración central y autonómica que no han apostado por la mejora de los medios informáticos, materiales y humanos en los órganos judiciales.
Lamentaron, por ejemplo, que “nos podemos llevar cuatro meses pidiendo una sustitución de una persona que está de baja” o que quienes ocupen algunas plazas sean personas interinas sin cualificación suficiente para el trabajo que desarrollan. “Como la bolsa de funcionario interino está agotada, se está recurriendo a personas con ganas de trabajar pero que salen del SAE”, y eso conlleva que muchas no sepan ningún concepto de la administración judicial. 
Los mayores problemas se detectan en Vigilancia Penitenciaria. Con la entrada en funcionamiento de Puerto III la población reclusa alcanza ya a los 2.800 internos pero sólo existe un juzgado “con el mismo personal y funcionarios” que cuando El Puerto tenía dos prisiones. “La Fiscalía ha tenido que reforzar el servicio con una persona más” para todos los casos penitenciarios, de ahí que los secretarios reclamen un segundo juzgado de Vigilancia “porque se está incrementando el trabajo” con el añadido de que son expedientes muy peculiares.
El Juzgado número 3 no es ajeno a esta gran carga de trabajo, ya que además de la atención diaria de su juzgado,  gestiona el registro civil y el partido judicial común. Su secretario judicial tiene a su cargo a 20 personas, por lo que creen necesario otra plaza más. Toda esta problemática conlleva que “no puedas dar una administración de justicia que quieres”, lamentaron.

Solidaridad y exigencias

El comunicado redactado por los secretarios sirvió para mostrar “nuestro rechazo por la insuficiencia de medios organizativos, informáticos y materiales con los que tenemos que hacer nuestras funciones, que son la administración de Justicia” que han motivado el paro y la sanción impuesta a su compañera, que consideran injusta. Entienden que es necesaria “una inversión económica para llevar a cabo esas funciones” que permita la implantación en la administración de Justicia de medios tecnológicos avanzados para ofrecer “un servicio con garantías”. En el año 2003 se llevó a cabo una reforma de la ley judicial que no se ha llevado a cabo, y aunque hay experiencias piloto creen urgente su puesta en marcha. Además advierten que el caso de Sevilla puede repetirse.