Estárico. Las personas físicas y jurídicas de nuestro estado nacen con la capacidad de operar en el sistema económico, estableciendo relaciones comerciales de ingreso y gasto y pago y cobro por productos y servicios. Todas se inician con esta condición, que se puede delegar y que pueden perder tras ser declaradas insolventes. La realidad es que una persona, tanto física como jurídica, puede obtener un producto o un servicio sin que disponga de un capital legalmente adquirido. La realidad es que lo puede hacer aún sin disponer, ahora o en el futuro, de la contraparte a la que se compromete a abonar. ¿Cómo puede el sistema actuar tan tibiamente ante esta circunstancia? Niños con dos años propietarios de una vivienda, jóvenes sin oficio que adquieren coches de alta gama, empresas que se embarcan en pedidos a los que no pueden hacer frente, políticos comprados que disfrutan de un altísimo nivel de vida, testaferros que disponen de un patrimonio ingente…
Esta laxa regulación atenta contra el principio de confianza que subyace en toda relación comercial. Además de que supone un perjuicio a las arcas del estado, al valor de la moneda y a la carga impositiva de los ciudadanos que si pagan sus impuestos…; sin pretender exponer en toda su extensión la magnitud del problema.
En la base del sistema se encuentra el intercambio de un “valor” y la confianza mutua de que ambas partes van a obtener su contraprestación en las condiciones pactadas, en el marco legalmente establecido. Pero claramente esto no sucede así siempre y es ahora, en medio de esta crisis, cuando se hace necesario establecer mecanismos que nos protejan ante las irregularidades. Es tiempo de que implantemos un sistema más desarrollado de convivencia en lo económico.
Mi propuesta es la implementación por parte del Banco de España de un código en el chip de nuestro DNI o NIF o vinculado a nuestra cuenta bancaria que, en tiempo real, permita o no realizar una operación económico-comercial. Estableciendo tanto la capacidad de adquisición y de endeudamiento de los compradores como de suministro y prestación de los vendedores, basados en criterios objetivos y regulados por ley. Hoy en día es posible la supervisión electrónica (no es una persona la que supervisa sino un programa) de todas las transacciones del comercio electrónico, las tarjetas y la banca virtual. De hecho, cada vez que utilizamos el dinero electrónico, se realiza una operación de verificación de que se dispone del importe necesario para el pago. Por lo que sería necesario ampliar esa verificación a los factores que se establezcan, no se trata de crear algo nuevo.
En primer lugar, para poder adquirir algo, antes se debe de disponer de unos recursos declarados a la hacienda pública (sueldo, rentas...) Una parte de esos recursos debe ir obligatoriamente al sustento vital (alimentación, energía, comunicación, prestamos, impuestos y tasas… nominas, gastos fijos, proveedores, hipotecas…) tanto personal como de aquellos a los que uno mantiene. Esa cantidad se establece al mes y al finalizar éste, pasa a formar parte del dinero que puede utilizar libremente.
Adquirir productos y servicios al contado, con arreglo a los ingresos periódicos y recursos de los que disponemos. Concertar deuda para realizar inversiones, relacionada con la capacidad de la que disponemos para afrontarla. Cada operación modifica nuestras condiciones económicas y el sistema sería sensible a esta circunstancia en tiempo real. Se busca que el ciudadano viva con arreglo a su economía oficial y que el resto no pueda invertirlo en productos o servicios importantes o interesantes; desincentivando y devaluando la economía sumergida.
Con respecto a los extranjeros, estos deberán obtener un dispositivo que les permita operar en las mismas condiciones. Para los miembros de la Comunidad Económica Europea, estaría integrado en un carnet de identificación europeo.
Seguimos viviendo en una sociedad en la que se transige demasiado con el dinero negro, proveniente del contrabando, el narcotráfico, la corrupción, las chapuzas, el estraperlo… generando modelos sociales deshonestos y triunfadores. Donde el trabajador honrado compite en desventaja con los listillos defraudadores, siendo tildado de tonto por no cometer irregularidades, que en la gran mayoría de las ocasiones quedan impunes y viendo como los que dañan a la sociedad son los que mejor viven en ella.
A rio revuelto ganancia de pescadores.
