La juez Mercedes Alaya ha acordado remitir al Tribunal Supremo un listado con los 'intrusos' detectados "hasta la fecha" en la investigación del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tras la petición realizada a tal efecto por el magistrado Alberto Jorge Barreiro, que instruye la causa contra los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves y tres exconsejeros.
En una providencia dictada el pasado día 15 --un día antes de ser sustituida por la juez María Núñez Bolaños--, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada acuerda elevar al Tribunal Supremo un oficio "adjuntando listado de los 'intrusos' detectados hasta la fecha en el seno de la presente investigación".
La juez explica que se considera 'intrusos' a "aquellas personas a las que se les ha imputado su inclusión irregular como beneficiarios de pólizas de rentas derivadas de procedimientos de reestructuración de empresas y cuyas primas hayan sido abonadas con cargo a los fondos públicos andaluces".
El magistrado Alberto Jorge Barreiro pidió al Juzgado en una resolución fechada el pasado día 12 de junio que, "a la mayor brevedad posible", le informara del número de personas "que fueron incluidas como intrusos" en el caso de los ERE irregulares.
Durante su declaración en el Tribunal Supremo del 30 de abril, el que fuera consejero de Empleo Antonio Fernández García explicó a preguntas de su defensa que las ayudas socio-laborales que se investigan en esta causa supusieron entre el 85 y el 88 por ciento del gasto de la Junta en esta materia, y que el resto fueron ayudas a empresas.
MÁS DE MEDIO CENTENAR
Según Fernández, cuando comenzó esta investigación judicial en Sevilla se inició un proceso de investigación de todas las ayudas y al principio se habló de unos 200 intrusos y después de las alegaciones la cantidad de éstas personas que se fijó no superaba los 60. Suponían, según este imputado, entre el 0,9 y el 1 por ciento del total que dispuso de estas ayudas socio-laborales.
Por todo ello, este exconsejero imputado por la juez Alaya señaló en su día ante el magistrado Jorge Barreiro que podía garantizar que la decisión política de ayudar a los trabajadores que perdieron su empleo con difícil inserción se había cumplido y toda la ayuda había ido al "interés público social" al que estaba destinada.
Fernández abundó durante su declaración en que todos los beneficiarios de los ERE disfrutan hoy de su pensión de jubilación y que aproximadamente el 30 por ciento se destinaron a pagos a la seguridad social para garantizar las pensiones de jubilación, y se hicieron directamente a la tesorería de la Seguridad Social.
