La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado este martes por unanimidad proponer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que la medida de apoyo judicial para el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla quede limitada a la comisión de servicio que ya viene desarrollando el magistrado Álvaro Martín y que se reduzca a una sola comisión el refuerzo de este órgano judicial, lo que implica revocar la comisión de servicio concedida inicialmente a la juez Mercedes Alaya para investigar los ERE fraudulentos y el delito societario de Mercasevilla.
En un comunicado, el Alto Tribunal Andaluz ha informado de que la Sala de Gobierno ha acordado elevar al CGPJ el informe solicitado respecto a la medida de apoyo en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, cuya titular es María Núñez Bolaños, "en el que se analizan y valoran las circunstancias que se han producido" y donde, tras diversas valoraciones previas, "se acuerda someter a la consideración del CGPJ que la medida de apoyo judicial quede limitada a la comisión de servicio que ya viene desarrollando un magistrado", en referencia a Álvaro Martín.
Este magistrado "quedará integrado plenamente en el refuerzo para la tramitación" de tres 'macrocausas', como son el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, las irregularidades en los cursos de formación y los avales y préstamos concedidos por IDEA, todo ello "sin perjuicio de otras medidas de refuerzo y de colaboración futura".
"VICISITUDES"
La Sala de Gobierno entiende "conveniente" el plan de refuerzo inicialmente diseñado para el Juzgado, por el que se asignó el caso ERE y el delito societario de Mercasevilla a la juez Alaya, pero considera que el mismo debe variar por "las especiales circunstancias que concurren, determinadas por vicisitudes posteriores al primitivo Acuerdo de 23 de junio".
La Sala de Gobierno, que remitirá al CGPJ el contenido íntegro del informe para su aprobación, no precisa cuáles son estas "vicisitudes" generadas tras el acuerdo de 23 de junio, por el que el TSJA aprobó un plan de actuación por el que se asignó una comisión de servicio a Alaya para que llevara el caso de los ERE irregulares hasta que la Audiencia Provincial de Sevilla resolviera sobre dicha división y el delito societario de Mercasevilla, y a María Núñez Bolaños la instrucción de las irregularidades en los cursos de formación y los avales y préstamos concedidos por IDEA.
La juez Alaya, que está destinada actualmente en la Audiencia Provincial de Sevilla, pidió una comisión de servicio para seguir instruyendo todas las 'macrocausas', cuestionando incluso en un escrito elevado al CGPJ la capacidad de María Núñez para instruir las mismas, mientras que Núñez pidió al TSJA que se "prescinda" de Alaya para la instrucción de los ERE puesto que no necesita su colaboración y tiene suficiente con la ayuda del juez que obtuvo la segunda de las comisiones de servicio, como es Álvaro Martín.
Tras acordar la juez Núñez la división de los ERE en piezas, algo a lo que se había opuesto reiteradamente Alaya, el CGPJ pidió al TSJA que elaborara un nuevo informe al respecto, ya que quería saber si, en opinión del TSJA, la decisión de Núñez Bolaños afectaba al plan de actuación previamente acordado y avalado, según las fuentes consultadas.
A tal efecto, el Alto Tribunal Andaluz mantuvo una primera reunión el pasado 24 de septiembre en la que decidió posponer la decisión y el informe sobre el plan de actuación en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla "para seguir deliberando los términos del mismo en la próxima reunión", que ha tenido lugar finalmente este martes.
LA IMAGEN DE LA JUSTICIA
El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, lamentó recientemente que la disputa entre las jueces María Núñez Bolaños y Mercedes Alaya por instruir 'macrocausas' como los ERE fraudulentos está perjudicando a la imagen de la justicia, aunque no así a la instrucción de las 'macrocausas'.
En declaraciones a los periodistas en Sevilla tras entregar al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, la Memoria 2014 del TSJA, Lorenzo Del Río señaló que la situación creada en torno al reparto de trabajo entre las dos magistradas "nos perjudica a todos", aunque "quiero creer que todavía no está perjudicando a la instrucción" de las 'macrocausas' como los ERE irregulares o los cursos de formación, ya que "me consta" que la juez titular "está trabajando todo lo que puede".
"Es cierto que cuanto antes se solucione el tema mucho mejor, pero no está perjudicando a la instrucción porque se está trabajando y se están tomando muchas decisiones judiciales que, a lo mejor, no salen en la prensa", defendió el presidente del TSJA, que recordó que la juez María Núñez ya acordó el pasado mes de julio la división de los ERE en piezas. "A partir de ahí, creo que se va a agilizar seriamente la instrucción, y creo que es el interés de la titular y del juez de refuerzo", en referencia a Álvaro Martín.
Del Río se refirió también a la reunión que tuvo la Sala de Gobierno del TSJA el pasado día 24 de septiembre, en la cual "se deliberó pero no se votó ningún acuerdo, pero sobre la mesa, como se hace en muchos asuntos delicados, y este es uno de ellos, se habló con naturalidad de posibles soluciones, de las dificultades que entraña y de cómo se redacta el informe, y ahí se decidió seguir estudiando ese informe", apostando por "estudiar seriamente la viabilidad de la comisión de servicio y la sintonía que debe de haber".
Ahora será el CGPJ, que precisamente se reúne esta tarde, el que deba ratificar el acuerdo del TSJA.
