La decisión de la Audiencia Nacional de condenar a tres años de cárcel al general Vicente Carlos Navarro, con dos de inhabilitación y 1.800 euros de multa, por su actuación en la identificación de los militares muertos en el vuelo del YAK-42, no sólo resulta ejemplar, sino justa, ya que los responsables militares decidieron hacer que primase el interés por cerrar cuanto antes todo el proceso que velar por las garantías de lo que estaban haciendo. Otra cuestión, muy distinta pero igualmente importante, es la responsabilidad política del que fuera entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, y del propio Partido Popular que, pese a la condena, insisten en lavarse las manos y no asumir, ni uno ni el otro, la más mínima responsabilidad en todo este drama, a pesar de que, posiblemente, detrás de la actuación del general Navarro había unos intereses políticos que ahora nadie va a pagar. Y aunque posiblemente se pueda pensar que el principal condenado, junto a sus asesores, no quisieron dañar a las familias de los militares muertos, lo cierto es que no sólo lo hicieron, sino que nunca fueron capaces de reconocerlo hasta que distintas pruebas de ADN sacaron a la luz este escándalo y dejaron en evidencia que había habido familias que habían enterrado los cuerpos de otro soldados como si hubieran sido sus hijos, esposos o hermanos. Y esto es lo que la sentencia deja claro, que primó más el intentar dar un imagen de profesionalidad y de hacer rápido el trabajo, sobre todo para celebrar el funeral de Estado y dar carpetazo al asunto, que velar porque las identificaciones fueran las verdaderas y mantener el más mínimo respeto a las familias que habían perdido a un ser querido. Por esto la sentencia es ejemplar, porque va a servir de ejemplo de cara al futuro, donde posiblemente a partir de ahora se optará por la profesionalidad y no sólo por la imagen, como se hizo en este caso. Y debería haber sido aún más ejemplar si Federico Trillo, por iniciativa propia, o el propio PP hubiera asumido su parte de responsabilidad, y no sólo una pretendida dimisión que nadie cree como verdadera. Una sanción a este político habría servido para dar el mismo mensaje de que ningún cargo público se puede ni debe ocultar en los errores de sus subalternos, sin asumirlos como propios.
