Chaves tacha de "absoluta falacia" la noticia de que subvencionara a su hija

El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, tachó ayer de "absoluta falacia" la información que apunta que la Junta de Andalucía concedió una subvención a una empresa de la que su hija es apoderada cuando él todavía era presidente y destacó que Paula Chaves es sólo una asalariada.


Chaves compareció ante los medios de comunicación en los pasillos del Senado para asegurar que es "rotundamente falsa" la noticia publicada por el diario "El Mundo", que informa de que se aprobó una subvención de diez millones de euros a la empresa de la que su hija es apoderada cuando aún presidía la Junta de Andalucía.


"Todo es una pura falacia, una información hecha con rencor y con resentimiento por parte de aquellos que la han hecho y por parte de aquellos que políticamente la están amparando y avalando", manifestó.


Según sus explicaciones, su hija es una trabajadora del departamento jurídico de la empresa Minas Aguas Teñidas, Matsa, con "poderes bastante" para realizar determinadas diligencias ante la administración o la Justicia, pero no le consta que sea la representante legal o la apoderada general de la empresa.


Preguntado sobre si debería haberse inhibido en la reunión en la que se acordó la subvención, aseguró que no tiene constancia de que su hija haya intervenido en ese expediente y que si hubiera tenido "la más mínima indicación jurídica" de que había algún tipo de incompatibilidad habría "actuado en consecuencia".


"La información es rotundamente falsa, es toda una mentira basada en la manipulación de unos determinados hechos", insistió el ex presidente andaluz, quien recalcó que la Junta no ha entregado "ni diez millones de euros, ni un sólo euro a Paula Chaves o a una empresa de Paula Chaves".


La subvención, añadió, la ha recibido una multinacional de capital canadiense que ha hecho una fuerte inversión en una zona deprimida de la provincia de Huelva para la extracción de cobre, que ha recibido ayudas de la administración central y autonómica desde 2004 y que ha creado 450 empleos directos y más de mil indirectos.


Y uno de esos 450 empleados es Paula Chaves, a quien describió como una licenciada en Derecho, trabajadora asalariada afiliada al régimen general de la Seguridad Social: "mi hija no es directiva de esa empresa, mi hija no es gerente, mi hija no es accionista ni propietaria de esa empresa".


La Junta defiende la transparencia del expediente y la empresa, también


Chaves se remitía, además, a las explicaciones dadas por la Junta de Andalucía, cuyo portavoz, Manuel Pérez Yruela, defendía ayer la "transparencia, legalidad y el ajuste a derecho" de esta subvención que "ha pasado todos los filtros jurídicos", con informes de los propios Servicios Jurídicos de la Junta, y recalcó que la hija del ex presidente no ha tenido nada que ver" con la tramitación del expediente ni es la dueña de la empresa, sino que "sólo está contratada como abogada".


Según Yruela, el hecho de que una persona trabaje en una empresa "no incapacita a esa entidad a hacer los negocios jurídicos que estime pertinentes" y remitió a la comparecencia que hoy tendrá el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, sobre el tema, por tercera vez, en el Parlamento.


La propia empresa aseguraba ayer a través de un comunicado que las ayudas que ha recibido de la administración autonómica "se ajustan a la legalidad" y son inferiores a las que han obtenido otras entidades, cifrando las ayudas que han recibido de todas las administraciones en 15.306.000 euros, un 5,8% de la inversión realizada.


Matsa también precisa que Paula Chaves Iborra es su empleada desde el 2 de julio de 2007, responsable del Departamento Jurídico con facultades de representación de la compañía, y que entre sus funciones están la gestión de contratos, el asesoramiento legal interno a todas las áreas, la gestión y tramitación de incentivos y ayudas y la representación de la sociedad ante cualquier notaría, registro o Administración Pública. Señala además que ha realizado "siempre su trabajo con la máxima profesionalidad y a plena satisfacción de la empresa".


La entidad recuerda que es una filial de Iberian Minerals Corp., compañía canadiense cotizada en la Bolsa de Toronto, que tiene como objeto la explotación del yacimiento minero de Aguas Teñidas, en Almonaster la Real, provincia de Huelva, donde ha invertido más de 257 millones de euros y ha creado más de 500 puestos de trabajo directos y más de 1.200 indirectos "en una comarca especialmente deprimida y con escasas alternativas productivas".


En el marco de esta inversión "y acogiéndose a la legalidad vigente" se han solicitado desde el comienzo del proyecto, a principios de 2006, diversos incentivos, "habiendo sido concedidos unos y denegados otros", según el comunicado, que indica que el total de ayudas concedidas por la Administración Central y por la Autonómica es de 15.306.000 euros, lo que supone un 5,8 por ciento de la inversión realizada.


Estas ayudas "son inferiores a las concedidas a otros proyectos mineros e industriales", tanto de la Comunidad como del resto del Estado, según la compañía, que ha manifestado su "satisfacción con el apoyo otorgado al proyecto por las diferentes administraciones".


Agrega el comunicado que el proyecto minero que se desarrolla en Aguas Teñidas tiene asegurado a fecha de hoy más de 11 años de vida útil, "confiando en que se amplíe de forma importante este período en función del éxito de las prospecciones que se está realizando".


La Andalucía Sostenible para sostener a familiares


Ante esta polémica, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, se preguntó ayer si el proyecto del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para una Andalucía sostenible pasa por "sostener a los familiares" de los presidentes o ex presidentes de esa comunidad, aunque tanto los populares como el resto de grupos parlamentarios preguntará hoy al Gobierno en la sesión de control.


La parlamentaria 'popular' calificó de "muy poco seria y totalmente vergonzante" esta forma de actuar del vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, que "no es que sea contraria a la Ley, sino que también lo es a los principios básicos del derecho administrativo y a un mínimo ejercicio digno de la función" pública. No obstante, el PP y el resto de grupos parlamentarios podrán conocer la postura del Gobierno en este asunto durante la sesión de control que tendrá lugar en la jornada de hoy en el Congreso de los Diputados.


En la misma línea se situó el coordinador regional de IU, Diego Valderas, que pedirá una comisión de investigación "en el caso de que exista incumplimiento de la ley por parte del ex presidente" andaluz. "Parece que Chaves es un buen padre con el dinero público, por lo que habrá que preguntarle a los 300.000 padres cuyos hijos están en paro", subrayó.


Mientras tanto, el cabeza de lista europeo del Partido Andalucista, Carlos Bautista, expresó que las políticas del PSOE son "una vergüenza", a la vez que pidió al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que "baje a su tierra y ponga micrófonos en San Telmo". "No es sólo esta subvención una ilegalidad, sino todo lo que rodea a la gestión del PSOE durante 30 años", concluyó.


Por su parte, la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, defendió al ministro andaluz alegando que "si hay alguien transparente y que siempre da la cara ante los ciudadanos es Chaves". No obstante, reconoce no haber "leído esa información", en la que se indica que dio un incentivo de 10,1 millones de euros a la sociedad anónima Minas y Aguas Teñidas.