Cepsa está negociando con Abengoa una solución definitiva para la planta de biodiésel que la multinacional sevillana, en preconcurso de acreedores, tiene desde 2009 en las instalaciones de la refinería de la petrolera en San Roque (Cádiz). Unas conversaciones que pueden acabar con la absorción de la planta por parte de Cepsa, ya que la fábrica de gasóleo verde lleva parada desde noviembre por la falta de fondos para pagar la materia prima (aceites vegetales) a sus suministradores.
El acuerdo, según fuentes internas de Abengoa, pasaría por que Cepsa asuma esa deuda comercial y se quede con la instalación. La petrolera ya adquirió en 2011, a través de su filial Cepsa Química, la compañía Artenius que atravesaba por dificultades y fabrica PET. La petrolera prefirió ayer no pronunciarse sobre esta información.
La fábrica de San Roque es la única de Abengoa Bioenergía (filial de Abengoa) que produce biodiésel. El resto de sus plantas en Europa, Brasil y EEUU son de etanol -aditivo para gasolinas-. Cepsa se surte de biodésel de la planta de Abengoa para cumplir con la obligación legal a escala europea de incluir hasta el 5% de combustible ecológico sobre toda la gasolina y gasóleo que se distribuye en España.
Ese porcentaje, según la regulación aprobada el año pasado por el ministerio de Industria, deberá alcanzar el 8,5% en 2020. En ese año, a escala de la UE y según la normativa de la Comisión Europea, el 10% de los combustibles que se consuman en la Unión deben de proceder de fuentes renovables.
Abengoa y Cepsa cofinanciaron los 42 millones que costó levantar la planta de San Roque, que es la que más volumen de producción de biofuel tiene en España entre las cuatro instalaciones de Abengoa: 220 millones de litros al año. Las otras tres, de etanol, están en Murcia, Salamanca y Galicia). La factoría gaditana está asentada además sobre terrenos de Cepsa.
Sin pasaporte
Junto a todo ello, el procurador del expresidente de Abengoa Felipe Benjumea ha depositado ya su pasaporte en la Audiencia Nacional, después de que la juez Carmen Lamela le ordenara entregarlo, le prohibiera abandonar España y le impusiera comparecencias quincenales en el juzgado más cercano a su domicilio.
Lamela fundamentó su decisión en el riesgo de fuga de Benjumea al que investiga por la presunta comisión de un delito de administración desleal en un procedimiento en el que también imputa al exconsejero delegado de Abengoa Manuel Sánchez Ortega otro delito de uso de información privilegiada.
Lamela señala en su auto que existen “indicios” de la participación de Benjumea en los hechos con los que se le relaciona. Según el auto, el cobro por su parte de 11,4 millones de euros tras su salida de Abengoa “no se corresponde con las condiciones pactadas con la compañía ni es acorde con el estado financiero y económico de ésta cuando se produjo su cese”.
Abengoa, por su parte, ha anunciado también que se ha adjudicado un contrato de obras hidráulicas en Perú por 47 millones de euros a través de una alianza al 50% con la empresa GyM.
