Ahora que la granadina Begoña Álvarez ya ha tomado debida posesión de su cargo como nueva consejera de Justicia de la Junta de Andalucía –y no me refiero a la mera ceremonia, quiero imaginar, de su promesa del mismo– convendría que por el bien de todos los ciuadadanos cayera en sus manos, como me ha pasado a mí, los resultados de la encuesta que ha realizado la empresa Metroscopia –de amplia y reconocida solvencia en estudios sociales y de opinión en nuestro país– respecto de la Justicia española, evaluada por los abogados de la Comunidad Autónoma de Andalucía y por los del conjunto de España, en un trabajo encargado por el mismísimo Consejo General de la Abogacía y que ha sido recientemente publicada a finales del pasado mes de mayo.

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La encuesta que sirve de base a ese informe ha sido tildada por Metroscopia como “la más ambiciosa jamás realizada en nuestro país a los integrantes de la Abogacía”, entre 5.243 abogados ejercientes. Y por ello, llegan a la conclusión de que por el grado de representatividad, las informaciones representan “la voz colectiva” de la abogacía española. Una encuesta con un triple objetivo: primero, obtener el diagnóstico global de la situación de la organización y funcionamiento de la Administración de Justicia; segundo, una evaluación concreta y pormenorizada del modo en que funcionan los distintos órganos y niveles jurisdiccionales y, por último, medir las reacciones de los abogados ante las nuevas tecnologías.

Para que se hagan una idea, en Andalucía –y es en lo que nos vamos a centrar– han sido encuestados 625 profesionales (como en la Comunidad de Cataluña y dos menos que en la de Madrid y la de Valencia). En términos generales ahí van algunos datos: el 77% de los encuestados considera que en conjunto la justicia funciona mal o muy mal y el 13% regular, o sea un global del 90%. Por su parte, el 84% considera que la justicia o sigue igual que los últimos años o ha empeorado. El 89%, que nuestro actual modelo de administración de justicia está en una crisis muy grave y profunda y necesita una auténtica refundación que la adecue plenamente a las nuevas realidades sociales. El 88% considera que los gobiernos, del signo que sean, muestran por lo general más interés en tratar de controlar la Justicia que emprender una mejora a fondo de su funcionamiento.

Por su parte el 95% que la justicia necesita con la máxima urgencia y por encima de los distintos intereses partidistas o corporativos, un nuevo Pacto de Estado que haga posible la remodelación a fondo e inmediata de su organización y funcionamiento.

Por su parte, los órganos mejor valorados son los de la jurisdicción laboral, seguidos de lo civil; suspenden tanto los penales como lo contenciosos-administrativos. Donde más se nota el desencanto entre los profesionales es a la hora del cumplimiento de las horas de señalamiento para la vistas (todos los órdenes jurisdiccionales suspenden) y en la eficiencia o rapidez en la tramitación de los asuntos (donde todos también suspenden, excepto en la jurisdicción laboral). Finalmente, consideran en un 96% que están más o totalmente de acuerdo en que no hay un número suficiente de jueces, que sería necesarios medios alternativos para la resolución de conflictos y que la oficina judicial no suele estar organizada por lo general.

Ya lo sé, números fríos todos ellos, si me apuran, pero que esconden una dura realidad diaria. Ojalá no la tengan que sufrir nunca en sus propias carnes, porque entonces se acordarán de mí y de este artículo analítico sobre la justicia en nuestra tierra.