El presidente de la comisión de investigación sobre las ayudas a la formación profesional para el empleo, Julio Díaz (C's), ha considerado "igual de graves" las tres "incomparecencias" que se ha producido hasta el momento en este órgano, refiriéndose así al exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, --que abandonó la comisión sin escuchar las preguntas de los grupos--, y a la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, y a la consejera del Tribunal de Cuentas María Dolores Genaro, quienes no acudieron la comisión, a la que estaban citadas el pasado lunes.
En rueda de prensa, tras finalizar una reunión de los representantes de este órgano, Julio Díaz ha indicado que será la Mesa del Parlamento quien decida si se llevan estos casos a la Fiscalía, una vez que se hayan emitido los informes jurídicos sobre cada situación concreta que están elaborando los servicios jurídicos de la Cámara. Según ha recordado, la Mesa ya ha solicitado los informes jurídicos relativos a la ministra y al exdelegado de Empleo.
Si bien, será en la próxima reunión de la Mesa cuando se aborde la posibilidad de solicitar un informe jurídico sobre la incomparecencia de la consejera del Tribunal de Cuentas. Para el presidente de la comisión, aunque las tres incomparecencias son "igual de graves", no se han producido "exactamente igual", por lo que cada una de ellas debe tener "un tratamiento diferente".
"Rivas se levantó de manera abrupta de la comisión; la ministra ni siquiera se dirigió a mí para comunicar su ausencia y desde su departamento se aludió a un informe del Consejo de Estado que no se envió y que he tenido que hacer una labor detectivesca para conocerlo; y en el caso de la consejera del Tribunal de Cuentas, me mandó un escrito y dijo que el representante de la institución era el presidente", ha apuntado Julio Díaz.
Asimismo, el presidente de la comisión ha explicado que será la Mesa del Parlamento la que decida sobre los escritos que han enviado PP-A y PSOE-A sobre comparecientes que estas formaciones consideran que han "faltado a la verdad" durante sus respectivas comparecencias, una cuestión que está penada por el Código Civil. El PP-A ha envidado escritos en este sentido en relación al exconsejero Ángel Ojeda y a su cuñada y ex directora general de Formación Profesional, Teresa Florido.
El PSOE-A ha hecho lo propio con el testigo protegido de la que fuera titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, en la causa de las presuntas irregularidades de los cursos de formación financiados por la Junta, y actual jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, Teodoro Montes.
