El portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha apelado al espíritu de la movilización denominada 'Salvemos Doñana' con la intención de que los colectivos sociales y políticos intenten hacer campaña durante el mes de septiembre a favor de la preservación del Parque Natural de Doñana como espacio protegido porque "es un espacio público y debe prevalecer por encima de los intereses económicos y privados de cualquier empresa".

En 1990 se constituyó la plataforma 'Salvemos Doñana', en la que se sumaron 150 grupos de todo el país frente a la urbanización de la costa onubense, que llegó a convocar a 10.000 personas a las puertas del Parque Nacional el 18 de marzo de ese año y que consiguió parar el proyecto de construcción 'Costa Doñana' en las dunas del Asperillo (Huelva).

En declaraciones a Europa Press, Romero ha criticado que quieran convertir este espacio protegido en un "almacén industrial de gas cuando se trata de un patrimonio para la biodiversidad", por lo que ha tildado de "disparate" para el futuro y la conservación del espacio natural el proyecto de una filial de Gas Natural Fenosa con el que se pretende, según ha destacado, "almacenar gas en su subsuelo".

También este próximo mes de septiembre podría retomarse la implicación de europarlamentarios en esta materia después de que en julio la portavoz de IU en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, y la eurodiputada Ángela Vallina defendieran durante la reunión de la comisión de Peticiones (PETI) el envío de una misión plural de europarlamentarios al Parque Nacional de Doñana para que verifiquen y analicen el impacto medioambiental del proyecto de almacenamiento gasístico de Gas Natural.

Esta demanda fue trasladada al PETI por el responsable de Política Institucional de IU Huelva, Francisco Javier Camacho, aunque hasta la fecha la visita de los eurodiputados a Doñana no se ha decidido aún.

En cuanto al pronunciamiento de la Comisión Europea sobre el asunto de Doñana antes del verano, el portavoz de Ecologistas en Acción en Huelva ha dicho que Bruselas "se lavó las manos" en ese momento diciendo que este tema era "un problema entre el Gobierno central y el autonómico", por lo que no ha descartado elevar esta causa al Defensor del Pueblo Europeo si Bruselas "no se quiere implicar y aplicar su propia legislación comunitaria".

Asimismo, ha insistido en que todos los proyectos gasísticos afectan a lugares de interés comunitario y por eso Europa "tiene que llevar a cabo un procedimiento y decidir si da vía libre o todo lo contrario".

Asimismo, Romero ha recordado que tanto ecologistas como partidos políticos, "excepto el PP en el Gobierno, e incluso gente relacionada con el mundo de la cultura están "en contra de este proyecto".

En cuanto a la Junta de Andalucía, el portavoz de Ecologistas en Acción en Huelva ha pedido que "no haga declaraciones de intenciones, sino que demuestre con hechos que le importa todo esto", como por ejemplo, "no otorgando ningún tipo de autorización y ejerciendo las competencias que tiene la Junta en materia de conservación de espacios protegidos", ha añadido.

A tal respecto, Romero ha recordado que la empresa, Petroleum Oil & Gas España, filial de Gas Natural Fenosa, dividió en cuatro subgrupos el proyecto de extracción y almacenamiento de los nuevos pozos. Por una parte, Saladillo y Marismas Oriental --dentro del espacio-- y Aznalcázar.

"El de Marismas Oriental se ubica en el corazón del espacio natural protegido de Doñana y el de Marismas Occidental afecta a lugares de importancia comunitaria (LIC)", ha matizado, en referencia a la red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad (Red Natura 2000).

Esto significa, según sus palabras, que la empresa ha presentado los cuatro subproyectos de manera independiente, "como si no tuviesen nada que ver el uno con el otro", algo que Romero ha criticado porque "todos están interrelacionados a través de una red gasística de más de 70 kilómetros de longitud y habría que evaluarlos como un único proyecto".

En esto también coincide la Junta, que ya anunció que el proyecto gasístico no se debe subdividir. Hasta el momento, el de Marismas Oriental y Saladillo no han recibido un informe positivo. "La Junta debería hacer una evaluación de los cuatro proyectos en uno solo", ha matizado Romero.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, recordó a finales de julio en el Parlamento a la portavoz parlamentaria de Medio Ambiente de Podemos, Mercedes Barranco, que es "absolutamente falso" que la Consejería que preside "haya concedido la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable" al proyecto gasístico de Doñana, ya que dicha declaración es "competencia" del Gobierno central.

Ante las reiteradas acusaciones de representantes de Podemos sobre falta de responsabilidad de la Consejería en los permisos del proyecto gasístico de Doñana, Fiscal lamentó, en declaraciones a Europa Press, "el profundo desconocimiento de este grupo político sobre el Espacio Natural Doñana".