La administración educativa andaluza anunció que para acabar con el lenguaje sexista en las aulas, prohibirá usar el masculino genérico en todo el ámbito educativo, para lo cual se vigilará (y sancionará en su caso) que se utilicen expresiones como “profesores y profesoras”, “alumnos y alumnas”, “chicos y chicas” o “ellos y ellas”, además de que se sustituyan palabras tales como “políticos” por “clase política”, “andaluces” por “población andaluza”, “españoles” por “población española” o “profesores” por “profesorado”.
La prohibición ha sido defendida por la administración y por algunos grupos políticos, como parte de un conjunto de medidas encaminadas a frenar los comportamientos sexistas en el ámbito educativo, pero el descontento desatado entre diversos sectores sociales ha frenado su puesta en marcha.
Muchos dudan de la potestad de los políticos para establecer tales prohibiciones lingüísticas, señalando además que demuestran una gran ignorancia del idioma castellano.
Aunque los expertos no hayan acordado qué se entiende por sexismo lingüístico, la Real Academia de la Lengua opina que prohibir el uso del masculino genérico atenta contra aspectos gramaticales y léxicos, ya que se trata de un uso común del lenguaje, no de un uso sexista.
Además no faltan quienes consideran que esta imposición complicará la labor de los docentes al obligarles a pensar constantemente las expresiones de uso más corriente.
Erradicar el lenguaje sexista de las aulas es importante, pero con independencia de consideraciones lingüísticas, tras tres décadas sin que los políticos acuerden una ley educativa y con el elevado fracaso escolar del alumnado andaluz, implantar el masculino genérico no parece que deba considerarse una reforma urgente para el sistema educativo, aunque fomentase la igualdad de género (que no lo sé).
Algunos verán mi afirmación políticamente incorrecta, pero la sociedad no solo avanza bajo el paraguas de lo “políticamente correcto”, menos aun si solo lo es para los legisladores y quienes los apoyan.
No deberíamos confundir el poder para legislar que otorgamos democráticamente a los políticos, con permitirles que lo ejerzan sin establecer prioridades ni pensar en consecuencias futuras, dos cosas que lo son todo en educación.
La necesidad de motivación y el riesgo de exclusión social de parte del alumnado andaluz debería ser la prioridad de la administración, no el instruirles en la nadería de lo políticamente correcto, haciendo perder el tiempo a unos profesores que a veces están desmotivados y faltos de autoridad.
La mejor manera de impedir que discriminen a las niñas andaluzas, es educándolas para que sean mujeres independientes y capaces de competir en igualdad de condiciones. Algo que se aplicaría igualmente a los niños. Si esto no es políticamente correcto, al menos es cierto.
