Las familias desalojadas del asentamiento creado entre el puente de Juan Carlos I y el puente de hierro de San Juan de Aznalfarache, donde habitaban al menos 41 familias exiliadas del Polígono Sur por temor a represalias tras la muerte de un menor en un tiroteo, podrían abandonar también los suelos del Charco de la Pava en los que se asentaron hace escasas horas, al haber sido conminados por los miembros del dispositivo policial a liberar tales terrenos tras la mudanza voluntaria iniciada a primera hora de la mañana.
Uno de los voluntarios que está prestando apoyo al colectivo de chabolistas y una de las propias mujeres de etnia gitana, Aurora, informaron a Europa Press de que en torno a las 12,00 horas, cuando ya buena parte de las 41 familias consumaba su traslado desde los aledaños del puente de hierro de San Juan de Aznalfarache al Charco de la Pava, los miembros del dispositivo policial que vigila el entorno contactaron con los líderes del colectivo para advertirles de que no podían instalarse en estos terrenos.
"Esto está lleno de policías, nosotros nos hemos ido voluntariamente y ahora nos dicen que no podemos quedarnos", dijo Aurora en declaraciones a Europa Press para reclamar "un sitio" en el que asentarse, porque estas familias no pueden regresar al Polígono Sur como consecuencia del pacto alcanzado con el resto de familias de las Tres Mil Viviendas y por el precinto dictado por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio sobre los pisos que ocupaban en esta zona marginal de Sevilla.
Así las cosas, los chabolistas permanecen en el Charco de la Pava, a espaldas de la huerta El Carmen y a menos de un kilómetro del emplazamiento desalojado, a la espera de resolver cómo salvar la situación, porque los agentes "desde el lado humano, comprenden su problema", pero les están advirtiendo de que "no pueden quedarse" en el Charco de la Pava y tienen "ordenes" de impedir que instalen un campamento en estos suelos.
EXILIO Y PACTO DE NO RETORNO
Por temor a represalias como consecuencia de la muerte de este menor, víctima de una bala perdida, estas familias abandonaron el Polígono Sur y crearon un poblado de chabolas entre los citados puentes, donde habitaban más de 300 personas sin electricidad, agua potable o cualquier comodidad en lo que algunos agentes sociales han declarado como "emergencia sanitaria" sobre todo por los 126 menores contabilizados entre el colectivo.
Dado el exilio, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio precintó las 41 viviendas de titularidad pública en las que residían en el Polígono Sur al objeto de esclarecer su verdadero régimen de ocupación, pues posiblemente sólo tres de las familias habitaba legalmente estos pisos. No obstante, el departamento de Juan Espadas no espera finalizar hasta septiembre la investigación abierta en cuanto al régimen de ocupación de estas viviendas.
Pese a dos intentos de recuperar las viviendas, el resto de las familias del Polígono Sur acordó con este clan de etnia gitana la permanencia de los exiliados en el poblado al menos hasta el mes de septiembre, pues su regreso a la zona podría derivar en un enfrentamiento abierto con la familia a la que pertenecía el menor fallecido.
