Los agentes sociales y económicos iniciaron ayer su ronda de comparecencias en el Parlamento para mostrar sus opiniones sobre el proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía (PJA) para 2009, expresando puntos de vista bastante dispares.
Los primeros en comparecer ante la Comisión de Presupuestos fueron los empresarios. El presidente de la Comisión de Economía de la Confederación de Empresas de Andalucía (CEA), Manuel Ángel Marín, criticó que el endeudamiento previsto en los PJA “no se dirija a inversión directa” y pidió más agilidad en la ejecución del mismo. Según Marín, la deuda va a crecer un 23% mientras que la inversión directa lo hará en un 2,15%, por lo que pidió incrementar ésta y que los créditos los gestionen “entidades financieras, que son las expertas”.
En cuanto a la ejecución, advirtió de que “los empresarios lo que quieren es que lo se pone sobre el papel al final se ejecute”, por lo que instó a la Administración a adelantar los pagos a los proveedores porque además “de ser causa del cierre de empresas es foco de corrupción y de amiguismo” y “no nos merecemos un país de ese tipo”.
Tras reconocer que hay cierta descompensación entre la financiación a empresas privadas y las públicas de la Junta, Martín exigió reducir más el gasto corriente de la Administración, ya que “no hay voluntad de reducir gastos” de funcionamiento y de administración.
Por su parte, Rafael Aljama, adjunto a la secretaría federal de CCOO-A, aseguró que su sindicato comparte los objetivos básicos del proyecto de PJA, aunque lamentó que Educación crezca por debajo de la media, y apoyó la decisión de elevar hasta el máximo que permite la ley el nivel de endeudamiento, algo “absolutamente necesario” para mantener la actividad económica, mientras apuntó que las previsiones de descenso de ocupados le obliga “a un ejercicio de responsabilidad”.
Por su parte, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que ofreció su opinión por escrito, advirtió de que la partida destinada para gastos de funcionamiento de este órgano experimenta una disminución del 15,05% en los PJA y que la asignación por habitante es la más baja de todas las autonomías, apuntando que debería estar dotada con 1.581.324 euros y no los 516.328 consignados.
Por otra parte, asegura que para el logro de un sistema de financiación moderno y adecuado es “ineludible” la aprobación de la Ley Andaluza de Régimen Local, que fije las competencias locales propias, cuya financiación “suficiente” debe asegurar la Ley de Participación de las Corporaciones Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma.
Frente a esta postura, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía (CAVA), Antonio Virués, criticó el “discurso lastimero” de los ayuntamientos tras el incremento de los 30 millones de euros para cooperación municipal y los acusó de “despilfarro”, afirmando “no entender” por qué reclaman ahora el 50% de la deuda histórica “cuando tiene otro destino”. Además, cuestionó la utilidad de la FAMP, afirmando que le parece una “verdadera entelequia”, lo que provocó la sonrisa de algunos portavoces, algo que Virués aprovechó para recordarles que “todos los grupos participan de eso”, por lo que son “cómplices”.
La CAVA alertó ante las partidas “demasiado elevadas” que se destinan a centros escolares concertados y ante la crisis apostó por ser “austeros” pero sin que esto afecte a los derechos de la ciudadanía.
Por su parte, la Confederación de Entidades para la Economía Social en Andalucía (Cepes-A) calificó como “excesivamente optimista” la previsión de crecimiento en los PJA, aunque los calificó de positivos para “corregir los efectos de la crisis en el tejido productivo y social”.
Mientras, la Unión de Consumidores de Andalucía (UCE-A) señaló que la situación de crisis debe traducirse en contención del gasto corriente, en modificación del orden de prioridades, el ahorro y contención en muchas partidas “para reconducir la economía andaluza”.
El PSOE exige a los empresarios que no se quejen tanto y que arrimen el hombro
El vicesecretario general del PSOE-A, Luis Pizarro, pidió ayer a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y a la Federación Andaluza de Empresarios de la Construcción (Fadeco) que “no se quejen tanto” y que dejen las “reflexiones que no contribuyen a la tranquilidad ni a la esperanza y arrimen el hombro”.
Tras la reunión de la Ejecutiva Regional del PSOE-A, ante la que compareció el consejero de Empleo, Antonio Fernández, Pizarro criticó que mientras el empleo es la “prioridad política” del Gobierno andaluz, no puede ser que los empresarios “se estén quejando, ya que lo que deben hacer es arrimar el hombro y ser capaces de buscar las respuestas que necesitan los que se han quedado sin empleo”.
“Esperemos que los empresarios estén a la altura”, dijo Pizarro, que subrayó que tanto el PSOE-A como el Gobierno andaluz han puesto en marcha todos los instrumentos que están en sus manos para “combatir el desempleo en Andalucía”. Así, lamentó que los empresarios estén poniendo en cuestión estas medidas, que en muchos casos, como el Pacto por la Vivienda, ellos han firmado. “Los empresarios tienen que ser coherentes y responsables, pues no puede poner en cuestión las medidas firmadas y que están creando expectativas entre los ciudadanos”, apuntó.
Por su parte, el titular de Empleo destacó que hay que aprovechar los momentos de crisis para impulsar y garantizar el derecho universal a la formación, ya que “los ciudadanos se deben adaptar a la nueva economía, pues en el futuro, tendremos menos ocupados en la construcción y más en sectores como el de servicio y de economías emergentes”.
