El Defensor del Pueblo aconseja al Gobierno concretar las medidas de la Ley del Menor

El defensor del Pueblo, Enrique Múgica, se mostró ayer en contra de modificar la ley del Menor, pero aconsejó al Gobierno que forme un grupo de expertos para concretar las medidas generales que incluye.

Múgica, que ya ha dirigido esta recomendación al Ministerio de Justicia, hizo estas declaraciones tras presentar los resultados del informe Raxen, sobre racismo y xenofobia en España en 2008.

El defensor del Pueblo argumentó que "es importante la permanencia de una ley porque sus cambios no pueden estar al socaire de acontecimientos imprevistos y singulares".

Para Múgica "la ruptura de la permanencia es una crítica implícita al sistema democrático".

Así, recordó que no es la primera vez que se propone una reforma de esta ley. Sucedió en 2003, con la muerte de Sandra Palo, una joven con una minusvalía psíquica, que fue violada, atropellada y quemada viva por tres menores y un joven de 18 años.

Múgica señaló que la Ley del menor ya atiende supuestos en los que menores de 14 años cometan delitos graves y contempla su internamiento en centros de acogida, y recalcó que para cambiar una ley como esta debe haber "un consenso importante".

Por su parte, la directora general de Infancia y Familias de la Consejería para la Igualdad, Carmen Belinchón, aseguró ayer, en relación con las supuestas violaciones múltiples a menores en Huelva y Córdoba, Belinchón señaló que "son lamentables", pero se manifestó en contra de modificar la ley del Menor, ya que "al calor de unos hechos no podemos estar constantemente sacando a debate una ley, que lleva ya ocho años en vigor y que tiene sus resultados".

"Tal vez sí tendríamos que reflexionar, sin tener que modificar la ley, cómo compensamos a la víctima", añadió.
Por último, consideró que "la visualización mediática de estos casos hay que hacerla con mucha delicadeza para no estigmatizar a los menores".

Medidas específicas a las víctimas menores de violencia machista

Por su parte, el PP reclamó ayer a la Junta que inste al Gobierno central a que, además de proceder a la reforma de la Ley del Menor, ponga en marcha medidas "específicas y prioritarias" para las mujeres menores de edad que están siendo o han sido víctima de la violencia machista.

Esta petición fue realizada ayer en rueda de prensa por parte de la vicesecretaria de Políticas de Igualdad del PP andaluz, Ana Tamayo, y la presidenta de Nuevas Generaciones (NNGG) de Andalucía, Beatriz Jurado, y que forma parte de una proposición no de ley que el PP ha registrado en la Cámara autonómica.

Las dirigentes del PP han llamado la atención sobre el hecho de que, según los datos del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), en 2008 fueron atendidas un total de 491 mujeres andaluzas menores de 29 años por algún tipo de violencia machista, lo que supone el 44,5% del total de las mujeres que fueron atendidas.

Este dato, según explicó Jurado, pone de manifiesto que el problema es "cada vez más importante" porque procede de una generación que ha vivido con la democracia, por lo que resulta cada vez más necesario adoptar que comiencen por la educación y la prevención y culmine con la protección de la víctima.

Por su parte, la sección Provincial de Enseñanza de CCOO de Huelva, tras la violación sufrida por menores de Isla Cristina (Huelva) y Baena (Córdoba), exigió a la Consejería de Educación la adopción de medidas preventivas que, con preferencia sobre las punitivas, afronten problemáticas como éstas.

Según Diego Martín, secretario general de dicha organización, "el ámbito educativo no está circunscrito sólo a la institución escolar, la formación que reciben actualmente los adolescentes proviene principalmente de las familias, de los medios de comunicación y de los grupos de iguales".

Asimismo, CCOO volvió a insistir en la responsabilidad de la Junta en el cumplimiento del acuerdo suscrito el 29 de Marzo de 2007 sobre la LEA en el que se compromete a incorporar al sistema un número importante de educadores sociales, como personal atención educativa complementaria.

De ellos, apuntó, sólo se han incorporado un número exiguo, "insuficiente a todas luces para afrontar los retos que se plantean especialmente en las zonas de atención educativa preferente; es decir, zonas marginales, con mucho desempleo y familias desestructuradas".

"No basta con la presencia de educadores sociales que dinamicen culturalmente los barrios, para una intervención comunitaria coherente y eficaz que llegue a las familias hacen falta también trabajadores sociales con dependencia directa de la Consejería de Educación para lograr una mayor conexión con los entornos familiares, epicentros de la acción formativa", comentó Martín.